El escándalo de la corrupción

LOS SOCIALISTAS se han opuesto en el pasado a la creación de comisiones parlamentarias de investigación con el argumento de que el asunto controvertido estaba sub júdice o que, en todo caso, era competencia de los tribunales clarificarlo. Sin embargo, en el asunto de la compraventa de terrenos por Renfe en San Sebastián de los Reyes han abandonado este criterio, basado más en razones partidistas que en la preocupación por posibles interferencias mutuas entre las diversas instancias concurrentes en la investigación.Si se delimita con exactitud el campo de la investigación, no tiene por qué haber interferencia alguna. En el caso de la compraventa de terrenos por Renfe, la justicia indaga su posible dimensión delictiva: supuesta maquinación del precio de las cosas acompañada de una supuesta malversación de fondos públicos. Pero en la operación también hay aspectos relativos al ejercicio del poder en una empresa pública que merecen un dictamen del Parlamento con vistas a su posible corrección, en caso de probarse su irregularidad, y a la exigencia de las correspondientes responsabilidades políticas. De ningún modo puede tildarse de juicio paralelo al de la justicia la función investigadora que le compete al Parlamento en asuntos de interés público.

Por lo demás, la superioridad del régimen democrático no reside en la imposibilidad de existencia de prácticas corruptas, sino en su transformación en escándalos; es decir, en la existencia de mecanismos sociales por los que es posible el conocimiento público de tales prácticas, al margen de que haya o no dado motivo a actuaciones judiciales. Esa publicidad es la principal garantía, a su vez, de la capacidad del sistema para investigar y corregir tales manifestaciones. Ésa es la diferencia con las autocracias: en ellas, la impunidad del poder forma parte de los presupuestos mismos en que se asienta y justifica el régimen.

Por ello carece de sentido el paralelismo establecido por el líder de la oposición conservadora y algún otro dirigente de su partido al afirmar que hoy existe más corrupción que durante el franquismo. Sencillamente, no son términos comparables, porque hoy se llama corrupción a prácticas que en la dictadura del general Franco no sólo no se llamaban así, sino que la mera insinuación de que pudieran ser nombradas como tales hubiera costado la cárcel al osado. Dicho de otra manera: no estando sometido a las cautelas y mecanismos de control propios de un Estado de derecho, el aparato estatal franquista no hubiera podido funcionar sin prácticas que hoy consideraríamos corruptas o sospechosas de tales -por ejemplo, en materia de concesiones administrativas-; pero de ello no se deduce que hubiera más o menos cantidad de corrupcion que ahora, sino simplemente que no podemos saberlo y que es absurdo plantear la discusión en esos términos.

Pero no es necesario que algo sea peor que durante el régimen franquista para deducir que es desastroso. Lo es que asuntos como los de Juan Guerra, Naseiro, Filesa, facturas del IVA, construcción de Burgos, Hormaechea o Renfe hayan revelado la existencia de amplias áreas de vinculación entre decisiones políticas, por una parte, e intereses privados, por otra. La sospecha del público, incluyendo los medios de comunicación, ha hecho posible desvelar esos asuntos. Para que al desvelamiento siga la investigación y sanción, penal o social, correspondiente es conveniente, con todo, distinguir entre lo que es corrupción en sentido estricto y aquellas decisiones políticas o administrativas que, aun siendo incorrectas desde diferentes puntos,de vista, no pueden equipararse a ella.

Corrupción política es la actuación de quien, prevaliéndose del poder público que ostenta, bien por representacion o por designación, busca servir a intereses particulares (de personas individuales o de organizaciones y partidos) en lugar de a los generales que representa, contraviniendo los códigos legales y éticos. No hay duda de que en esta definición caben la inmensa mayoría de escándalos que sacuden la vida pública espáñola desde el inicio de la actual legislatura. En este tipo de conductas pueden coexistir elementos delictivos -cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, etcétera- con otros que suponen una distorsión del ejercicio de la función pública: desvío de poder, arbitrariedad, favoritismo, entre otros.

La actuación independiente de los jueces es una de las principales formas de hacer frente a la corrupción. Pero siendo su naturaleza eminentemente política, puede no ser la más eficaz en determinados casos cuyo tratamiento corresponde más bien a instancias y órganos del poder político. La benevolencia, la exculpación o la impotencia en la persecución de los escándalos del poder significaría que el Estado democrático, ahora sí, se ha puesto al mismo nivel del que no lo es. Por ello son imprescindibles la luz y los taquígrafos.