Prisiones

Intenta justificarse don Antoni Asunción Hernández (secretario general de Asuntos Penitenciarios) frente a un editorial de su periódico (EL PAÍS, 20 de noviembre de 1991) aparecido dos días antes; acude para ello a una caterva de argumentos variados y deja para el final una cita incomprensible y fuera de la cuestión, en la que intenta descalificar la actuación de nuestro compañero Ángel Miguel Sánchez. Este motivo nos obliga a señalar algunas apreciaciones.

1. Nuestro compañero no es el denunciante de las situaciones sobre las que se dirigen las investigaciones a que se refiere el editorial y la contestación del señor Asunción (que se siguen en Sevilla y Valladolid), ya que, como este último asevera, la indagación de Sevilla se inicia "a instancia del ministerio fiscal". Aunque sí es cierto que hay formulada una denuncia por presuntos rigores innecesarios y prevaricación ante el Juzgado de Alcalá de Henares (por hechos acontecidos en la prisión de Meco), que podrían afectar a un cercano cargo del señor Asunción.

2. La denuncia de que es autor nuestro compañero no está efectuada a título particular, sino en su condición de secretario de la sección sindical de prisiones de esta FSAP-CC OO. Obedece a hechos constatados documentalmente, que llegaron a nuestro conocimiento por vías regulares de la acción sindical en los centros penitenciarios, y se justifica en sí misma por la gravedad de su contenido. Como Beccaria, pensamos que debe desterrarse aquello de que el preso "ha muerto civilmente, dicen gravemente los peripatéticos jurisconsultos, y un muerto no es capaz de acción".

3. La defensa de los derechos humanos no es cuestión de declaraciones políticas, sino de práctica cotidiana. El Defensor del Pueblo nos informó hace 15 días de la ausencia de respuesta a sus requerimientos sobre los hechos denunciados, que tuvieron lugar en el mes de marzo pasado. Se ve que el señor Asunción no calibra bien el tiempo, pues su sensibilidad en este caso como en la apreciación de la fecha de nuestra denuncia se equivocaron visiblemente.

4. No tiene objeto el entrar en un debate sobre los contenidos que hoy interesan al juez ordinario, como pudiera ser pretensión del señor Asunción. Si bien son conocidas sus actitudes entre los jueces de vigilancia perritenciaria, rehusamos trasladar un problema de posibles responsabilidades penales al fácil terreno del enfrentamiento político.

5. Es inaceptable la subliminal descalificación que pretende hacerse de nuestro compañero Ángel Miguel Sánchez. Con ello se evidencia un talante antisindical, que descalifica su condición de cargo público, y una carga de prejuicios que antepone la condición de sindicalista como deslegitimación del hecho que se denuncia. Más graves aún cuando el señor Asunción conoce directamente los desvelos de nuestro compañero ante la realidad penitenciaria y su compromiso ante todos los problemas que puntualmente se han venido sucediendo, de ello puede encontrar testimonio en las hernerotecas.-

Secretario de prensa de FSAP-CC OO.