Justicia de días

DESATASCAR LA justicia y facilitar que algunos juicios se celebren en cuestión de días son los objetivos prioritarios del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma procesal puesto en marcha por el ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra. Retoma así el actual titular de la cartera una obsesión que ha sido común a todos sus predecesores en el cargo durante la democracia: contar con un procedimiento capaz por sí mismo de agilizar la pesada maquinaria administrativa judicial y de acortar al máximo el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la sentencia.No puede negarse que esta obsesión responde a una honda motivación política y social: evitar el colapso judicial y el riesgo de quiebra del Estado democrático que tal hecho comportaría. Desde mediados de los años setenta, este peligro no ha dejado de acechar a la justicia española a causa del espectacular aumento de asuntos llegados a los tribunales. El incremento de la delincuencia y de los litigios generados por el mayor protagonismo de la sociedad en defensa de sus derechos a lo largo de estos años ha desborda do con creces la capacidad de la justicia. Este desfase sigue siendo hoy abismal, y es lógico que, al igual que a sus antecesores, esta situación produzca desasosiego al actual, titular de Justicia. De ahí su nuevo intento de introducir mecanismos para "juicios rápidos" en el funcionamiento del aparato judicial. No es seguro, sin embargo, que el ministro De la Cuadra vaya a tener éxito allí donde han fracasado quienes le precedieron. La experiencia de estos años enseña que el remedio a la lentitud judicial no depende tanto de reformas procesales, que pueden ser convenientes, como de la modernización organizativa y de gestión de la oficina judicial. Tanto es así que la mayor rapidez habida en estos años en algún aspecto de la justicia penal -en concreto, el de las causas con preso- se debe a que jueces y fiscales han sido capaces de articular la respuesta adecuada a un problema tan grave. No ha sido necesario echar mano de ninguna ley especial. Ha bastado con la Ley de Enjuiciamiento Criminal para enderezar la situación y, sobre todo, con la determinación de jueces y fiscales de actuar dentro de sus plazos. El resultado es que, desde hace algún tiempo, los reclusos con condena en las cárceles españolas superan a los preventivos -el 60% frente al 40%-, algo insólito, puesto que tradicionalmente la proporción era la contraria.

Entretanto, las reformas destinadas específicamente a acelerar el proceso penal han servido para poco. La llamada Ley de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes, promulgada en 1980, ha constituido un fracaso. Y la llamada reforma Múgica, de 1988, por la que se establece un procedimiento abreviado para el enjuiciamiento de un importante número de delitos, no parece que haya conseguido para nada su objetivo. Procesos como los de los casos Juan Guerra y Naseiro, tramitados por el procedimiento abreviado, siguen todavía abiertos, sin que se vislumbre el momento del juicio. Ahora, la reforma que propone el ministro De la Cuadra también persigue juzgar rápidamente -en el plazo máximo de un mes- a los detenidos por delito flagrante. Pero ¿podrá una ley por sí sola conseguir lo que otra no ha logrado durante 11 años de vigencia?

El objetivo de una justicia más ágil -sin detrimento, obviamente, de las garantías que amparan al justiciable- sigue siendo una prioridad política en 1991. Sin embargo, como en otros tantos ámbitos de la vida nacional, la forma de alcanzarlo no es a golpe de ley. La reforma procesal que propone el ministro De la Cuadra en el ámbito penal puede seguir el camino de su antecesora de 1980 si el aparato judicial sigue desbordado y la policía no mejora sus técnicas en la indagación del delito. ¿Podrá haber juicios rápidos, por más flagrante que sea el delito, si no hay suficientes jueces y si los atestados policiales son defectuosos o no se presentan las correspondientes pruebas? De persistir estos condicionantes, la bienintencionada reforma que propone el actual ministro de Justicia quedará en un gesto más. Como las de sus antecesores.