El Tribunal Supremo anula el decreto que desarrolla el plan de vivienda de 1989

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho, por razones de forma, el real decreto que regulaba el plan de vivienda de 1989 y que todavía está en vigor. La Administración ha recurrido la sentencia y, según la directora general de vivienda, Cristina Narbona, "aunque llegara a ser ejecutiva nunca podría tener efectos retroactivos", es decir, no podrá afectar a los que hasta ahora se han beneficiado de este plan.

El real decreto qué articulaba el plan de vivienda de 1989 ha quedado suspendido por la decisión del Tribunal Supremo de declararlo nulo de pleno derecho. El motivo esgrimido por el Supremo es que ha habido un "defecto de forma". En concreto, el defecto es que no fue oída la opinión de los promotores, aunque la directora general de vivienda asegura que tiene datos que corroboran lo contrario.La Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios (APCE), que interpuso el recurso ante el Supremo, anunció ayer -en conferencia de Prensa- la sentencia del alto tribunal y su decisión de no impugnar las actuaciones respaldadas por este plan "salvo que se produzca algún caso sangrante". Como cuestión básica, los promotores piden a la Administración que adapte los proyectos que ahora se están tramitando al amparo del decreto anulado al nuevo plan de vivienda que entrará en vigor el 1 de enero de 1992.

Se produzcan o no esos "casos sangrantes" la directora general de Vivienda afirma que no hay lugar para una actuación retroactiva. "Además, la sentencia no es ejecutiva porque ha sido recurrida por la Administración del Estado", aseguró Cristina Narbona.

La norma de 1989, según las críticas de la asociación de promotores, concedía especiales prerrogativas a las cooperativas de vivienda frente a la iniciativa privada. El vacío legal que supone esta sentencia afecta, a juicio de estos promotores, a las actuaciones diseminadas al amparo de ese plan que están aún sin concluir pues -según aseguran- han renunciado a impugnar las que ya han sido desembolsadas.

La situación legal que queda tras esta sentencia -y hasta que entre en vigor el nuevo plan- es la regulada por el real, decreto de 1987.

Las principales críticas de los promotores se dirigieron ayer a la situación ventajosa en que se encuentra la cooperativa PSV, del sindicato UGT. El máximo responsable de esa cooperativa, Carlos Soto, reaccionó rápidamente a las críticas al afirmar que, en su opinión, la nulidad de pleno derecho decretada por el Supremo no puede dañar a terceros toda vez que se apoya en una cuestión formal y no de fondo.

La PSV coincide, sin embargo, con los promotores, en criticar el decreto anulado. A juicio de Carlos Soto, el "plan de 1989 prácticamente nació muerto pues no respondía a las características de la demanda de vivienda de protección oficial".

Las discrepancias surgen cuando se evalúa el impacto de la decisión del Supremo en los planes de vivienda ahora en trámite, como los conocidos planes 18.000,, del ayuntamiento de Madrid, o 50.000. Según la asociación de promotores, la Administración tendrá que dictar una norma puente en el decreto que ahora elabora el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre vivienda. A juicio de Soto esa norma no hará falta porque estos planes están diseñados para financiarse de acuerdo a la normas del nuevo decreto, aún sin aprobar.

Tras las críticas al plan ahora anulado los promotores y la PSV ponen todas sus esperanzas en el plan que entrará en vigor el próximo año y para el que se ha contado con la colaboración de la Asociación de Promotores-Constructores.