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Tribuna:LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
Tribuna
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Recuperar poder local

Los ayuntamientos no quieren el 25% del gasto del Estado. Lo que proponen, desde hace ocho años, es estar en condiciones de gestionar el 25% del gasto público neto. Es decir, de la suma de gastos de las tres administraciones públicas (central, autonómica y local), una vez eliminadas de la suma las duplicaciones por transferencias internas (y excluyendo los intereses de la deuda pública y las pensiones).El mayor partido político español aprobó en su congreso de 1988 ese objetivo y ninguno de los demás partidos lo ha discutido. Parece lógico admitir como satisfactoria una reducción del gasto del Estado desde el 80% de hace 12 años hasta el 50% que se postula. El resto se repartiría por mitades entre autonomías y ayuntamientos y de esta manera los gastos netos por habitante serían iguales, lo cual parece también remarcable si se tiene en cuenta que hace 12 años las autonomías no existían presupuestariamente.

Según el Congreso del PSOE de 1990 este objetivo de 50 / 25 / 25 (50% Estado, 25% autonomías y 25% ayuntamientos) es alcanzable dentro de la presente década. La realidad es que, probablemente, las autonomías ya están llegando al objetivo del 25%, mientras que los ayuntamientos, que están todavía en el 16%, pueden quedarse, después de la revisión bilateral de la financiación en un 15%. De ahí la decepción de unas corporaciones locales que, por otra parte, han sido el subsector más dinámico en la inversión.

Pasar del 15 al 25% antes del año 2000 -mediante un traslado anual del 1 %del gasto público consolidado hacia las corporaciones locales, además y por encima del crecimiento vegetativo- es hoy más difícil de lo que parecían las cosas en 1990, con 10 años por delante.

Pero si no se consigue este objetivo, toda la descentralización política en que consiste el Estado de las autonomías habrá tenido algo de irreal: al final, las autonomías se habrán creado, al menos parcialmente, desmontando el poder local. Y al poder local no sólo no habrá ganado peso respecto a 1980 sí no que lo habrá perdido. Mal negocio.

Mal negocio, sobre todo, si tenemos en cuenta que un poder local mermado y controlado desde más cerca tiende a ser sustituido de manera progresiva y casi espontánea. Esto conlleva una confusión y una irritación crecientes, a la vez que una falta de legitimación material y formal frente a problemas de inseguridad, congestión y alojamiento que el ciudadano reclama, con lógica, del nivel de gobierno inmediato, que es el local.

El error estuvo probablemente en un proceso de transferencias precipitado y apasionado que se olvidó de dotar los servicios de carácter nacional que algunos ayuntamientos estaban ya prestando. Este olvido implicó en su momento un ahorro para el Estado y hoy el ahorro es para las autonomías. Fatalmente, se olvidó también de ligar las nuevas dotaciones financieras autonómicas a una redistribución de fondos hacia el sector local en el mismo grado en que el Estado aporta a sus fondos de cooperación local -progresivamente debilitados en su denominador-, es decir, en recursos no transferibles a las autonomías.

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Así, los ayuntamientos se están viendo obligados a contemplar las sucesivas revisiones de la financiación autonómica como un debilitamiento de sus fuentes de recursos. Y lógicamente eso aumenta la irritación antes mencionada.

Desayuno indigesto

Cuando, finalmente, el alcalde de turno abre el periódico y comprueba que, después de echar cuentas con el máximo rendimiento que los nuevos impuestos le permiten -y el consiguiente coste político- su presupuesto no crecerá mucho más de un 5%. Y comprueba también que este crecimiento está por debajo del previsto en el presupuesto del Estado (10%), mientras que su propia autonomía prevé aumentos del 16,8%, aun sin haber recibido ni contabilizado los beneficios que puedan derivarse de la revisión financiera en curso, suponiendo que los haya... Entonces a este alcalde se le indigesta el desayuno. Como mínimo.

No es de extrañar pues el tono que preside los encuentros municipales ni hay que buscar en él muchos móviles ideológicos o partisanos.

La solución razonable está al alcance de la mano sí las autonomías aceptan constituir sus propios fondos de cooperación local -algunas ya los tienen- en proporciones progresivamente cercanas a las del Estado sobre sus recursos netos. Si, además, aceptan poner impuestos como las demás administraciones públicas para poder acceder así a la mayoría de edad institucional frente al público. Si hacen un esfuerzo importante en inversión para coger el relevo del fuerte impulso municipal habido hasta el presente -utilizando para ello el "saber gastar" de los propios municipios, algo no fácil de aprender-. Y si, finalmente, Estado y autonomías militan, francamente en una cierta realimentación del poder local, un poder local al que en los últimos años se le han ido retirando cepos, grúas, cobro efectivo de multas, carácter judicial de sus policías, competencias en seguridad y vivienda, recursos en agua y saneamiento, etcétera, al mismo ritmo que aumentaban las exigencias de los ciudadanos.

Sí el Estado no aprovecha el momento de la revisión financiera bilateral (Administración central-Administración autonómica) para plantear las bases de la trilateral (Estado-autonomías-ayuntamientos), habremos perdido dos años como mínimo.

La calidad de vida de nuestras ciudades no se puede permitir muchas alegrías de calendario. Un ritmo sostenido de exigencia pública local de calidad, aun sabiendo que hay problemas que sólo tienen salida a largo plazo, parece una política prudente que las tres administraciones, deberían de favorecer.

Es notorio el desfase entre la importancia de los logros obtenidos por todos en los grandes objetivos políticos (incluido el de la devolución de poder a las nacionalidades y regiones) y los logros en calidad de vida en las ciudades: el contraste entre el Estado de la nación y el Estado de la ciudad, entendiendo por estado de la ciudad el clima de sus calles y barrios, la fluidez de su circulación, la calidad del aire, del agua, los decibelios que hay que soportar, la limpieza... y más allá del urbanismo -que también ha mejorado-, la urbanidad.

Vamos a ver si logramos entre todos hincar el diente en estos temas, que son hoy los que realmente nos apasionan corno ciudadanos.

P. Maragall es alcalde de Barcelona.

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