Sánchez apuesta por rearmar la mayoría para sacar el decreto entero con todo el escudo social, sin trocearlo

El Gobierno se prepara para un fin de semana intenso ante una decisión clave este martes: si lleva o no y en qué condiciones al Consejo de Ministros un nuevo decreto ley para recuperar todas las medidas del escudo social, además de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, que decayeron el miércoles por el voto en contra de Junts, el PP y Vox. Pedro Sánchez y su equipo no quieren trocear el decreto, como le pide el PP, porque eso supondría dejar caer muchas medidas importantes del escudo social, como la protección frente a los desahucios para familias muy vulnerables. Y por eso el objetivo ahora es intentar rearmar la mayoría para que apruebe el decreto tal cual, o con alguna variación pequeña ―el traspaso del edificio de la sede del Instituto Cervantes en París ya no parece imprescindible, por ejemplo―, pero con la mayoría de la investidura, porque el Gobierno cree que el PP volvería a jugar de alguna manera para lograr otra derrota del Ejecutivo. Sánchez dejó claro que no quiere trocearlo y metió toda la presión al PP y a Junts: “Tienen que ser conscientes del dolor que han causado”.

El Gobierno está convencido de que la mayoría de los españoles aprueba las medidas del decreto, que son básicamente ayudas para personas que lo necesitan, y, por tanto, cree que puede ganar políticamente el debate y forzar a que tanto Junts como el PP se vean obligados a dejarlo pasar ante el desgaste que pueda suponer volver a tumbarlo. Los sindicatos ya están preparando movilizaciones para exigir la aprobación completa del escudo social y todos los demás socios, empezando por Sumar, miembro del Gobierno y muy beligerante en este asunto, exigen a Sánchez que no lo trocee. Los sindicatos también se plantean movilizaciones el día que se vote el nuevo decreto para tratar de forzar a los grupos que lo rechazaron a que cambien de opinión. La batalla política se antoja formidable porque detrás están 12 millones de pensionistas, el voto más delicado de todos, y nadie quiere quedar como el responsable de que pierdan dinero.

El PP también se está moviendo, va a recoger firmas para pedir que se trocee el decreto y se lleve uno solo con las pensiones, la ayuda al transporte público y las ayudas a la dana, lo que más impacto mediático ha causado, y aprovechará su mayoría en el Senado para convocar un pleno extraordinario en el que se vote instar al Gobierno a aprobarlas. La presión es enorme, con 12 millones de pensionistas detrás, que ven cómo está en discusión si cobran o no en febrero la subida del 2,8% ―y hasta el 6% o el 9% en el caso de algunas pensiones, sobre todo las más bajas― que sí van a cobrar con seguridad en enero porque así lo decretó el Gobierno, que ha actualizado al IPC todos los años desde que llegó a La Moncloa. Esa presión hace pensar que la situación se tendrá que resolver rápidamente, y el martes se tomará una decisión con un nuevo decreto. Es lo que reclama abiertamente Sumar, socio minoritario de la coalición, que exige resolver la cuestión “cuanto antes”.

El decreto, que entraría en vigor inmediatamente, despejaría así todas las dudas y llegaría antes de que el PP aprobara nada en el Senado. Pero el Ejecutivo necesita tener amarrado el voto de Junts para que no le vuelva a pasar lo mismo que el miércoles, por eso las próximas horas son decisivas. Incluso podría retrasarse otra semana la cuestión si no llega al martes, algo que en el caso de las pensiones no tendría ningún efecto ―queda tiempo hasta la paga de febrero― y sí en las demás cuestiones, como el transporte público. Todo está en movimiento, pero Sánchez dio un mensaje muy claro de que no está dispuesto a trocearlo y quiere que los ciudadanos sean conscientes de la enorme responsabilidad que han asumido el PP y Junts al votar en contra de un decreto con muchas ayudas sociales. Bastaba con el que el PP se hubiera abstenido, recordó, y habría salido adelante.

Sánchez subió este viernes el tono contra el PP, pero también contra Junts, al que no cita expresamente, aunque sí transmite con claridad un malestar con los independentistas muy extendido en el Gobierno. Margarita Robles, responsable de Defensa, llegó a decir en TVE que Junts está “en el chantaje permanente”. Sánchez rechazó con claridad la idea de trocear el decreto con la subida de pensiones, por ejemplo, porque hay muchas otras que también son importantes y han caído. “¿Y el transporte público, y las ayudas a la dana, y las medidas contra los desahucios?”, se preguntó. El PP rechaza esa medida de los desahucios, que dice que favorece lo que Alberto Núñez Feijóo llamó “inquiocupación” [esto es, los que dejan de pagar el alquiler, a los que el decreto protege solo en caso de que sean familias muy vulnerables con condiciones muy estrictas], por tanto, ya el acuerdo sería muy difícil solo en este punto, y ya no solo en la cuestión del “palacete del PNV” que critica el PP y que en un principio fue su único argumento para votar en contra. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, dijo de forma irónica que podrían hacer como contrapropuesta “quitar el palacete y dejar todo lo demás” pero ya parece evidente que eso no sería suficiente porque el PP ahora rechaza más cosas. Y si quitara lo de los desahucios, el PSOE tendría un problema con todos los demás socios, en especial Sumar, porque ya dejó claro el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ellos no pasarían por ahí porque es un asunto muy relevante.

“Aunque las más llamativas sean las pensiones y el transporte púbico, hay muchas medidas sociales en ese decreto, por eso las negociamos en diciembre con todos los grupos”, explicó el presidente, apuntando así a Junts. Félix Bolaños, máximo responsable del decreto, ya dijo el jueves en TVE que en diciembre, todos los grupos de la mayoría, incluida la formación de Carles Puigdemont, habían garantizado su apoyo a este decreto, que el Gobierno les explicó antes de aprobarlo, pero que después decidieron tumbarlo por una “cuestión política de pérdida de confianza”. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, sí ha admitido que el Gobierno les mostró el decreto antes de aprobarlo, en diciembre, pero asegura que no hubo negociación real. “Se nos presentó el decreto uno o dos días antes del Consejo de Ministros. Pero incluye más de 80 medidas. No puedes pasar dos días antes el decreto y que no se pueda cambiar ni una coma. No se puede funcionar así”, aseguró Nogueras.

Sánchez volcó toda la presión sobre el PP y Junts. “Apelo a la responsabilidad, al sentido común, a la empatía social. No puede ser que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social”. Se refiere los dos, pero se concentra en atacar al PP. “Con una abstención del PP habría salido adelante el decreto. ¿Por qué vota en contra? Porque quiere causar dolor social. Yo creo que tenemos que reivindicar una política sana frente a esta antipolítica, esta oposición destructiva que desde 2018 vota sistemáticamente en contra de la redistribución de los frutos del crecimiento económico a las personas que más lo necesitan. Tienen que ser conscientes del dolor que han causado con su rechazo. Por eso les pido que reconsideren su posición y permitan la aprobación de un decreto que es en favor de la gente, no de ninguna minoría, sino de la mayoría social de nuestro país”, remató. El Ejecutivo entra ahora en una fase de discusión interna, y también pendiente de los socios y de Junts, con la que sigue manteniendo conversaciones para desbloquear la relación aunque nada indica que haya negociaciones de fondo y fuentes de los independentistas aseguran que las cosas no han cambiado desde que Carles Puigdemont diera por suspendida la relación. Junts dice que si hay un decreto con medidas sociales “siempre que no invadan competencias” pueden aprobarlo, pero de momento no hay ninguna garantía.