Los bancos critican el control que deben ejercer sobre los movimientos de capital

Los bancos no están demasiado conformes con las "amplias" obligaciones de información que se les exigirán tras la libertad de movimientos de capitales. También muestran su preocupación por el hecho de tener que realizar "otras tareas extrañas a sus funciones", dirigidas "al control del cumplimiento de obligaciones fiscales". Estas críticas están contenidas en un documento enviado por el Consejo Superior Bancario (CSB) al secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, en relación con el proyecto de real decreto sobre transacciones económicas con el exterior.

El pleno del Consejo Superior Bancario -órgano de consulta en el que está representados el Ministerio de Economía, el Banco de España y los bancos nacionales y extranjeros- aprobó ayer un informe en el que valora el proyecto del Gobierno para liberalizar los movimientos de capitales a partir de 1992.En principio, esta liberalización "sólo merece elogios", a juicio del CSB. Sin embargo considera que debería adoptar la forma de ley, en lugar de un decreto ley, como está previsto. El documento considera que una norma de tanta trascendencia "responde a los compromisos asumidos en el ámbito de la Comunidad Europea" y, por tanto, tiene "vocación de permanencia". Además, una ley garantizaría mejor "la seguridad jurídica de todas las partes afectadas".

En cuanto al fondo de la propuesta del Ministerio de Economía, el CSB considera que la liberalización "podría, en la práctica, verse significativamente disminuida como consecuencia de determinadas normas que suponen el mantenimíento de controles de distinto orden".

El principal punto de crítica es el que afecta a las obligaciones de información y colaboración de los bancos con la Admínistración, previstas en el proyecto de real decreto. El informe del CSB destaca "la evidente preocupación" de los bancos "no sólo por los amplios deberes de información que se establecen, sino también por la realización de otras tareas extrañas a sus funciones y dirigidas al control del cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas que realicen operaciones" de liberalización de capitales.

Facilitar datos

Según el proyecto, las entidades financieras están obligadas a facilitar "a los órganos competentes de la Administración del Estado y al Banco de España, en la forma que se establezca, los datos que se les requieran para los fines de seguimiento estadístico y fiscal de estas operaciones". Su incumplimiento "conllevará la aplicación de medidas de responsabilidad de índole penal o administrativa". En concreto, las que señala el proyecto son la Ley de Disciplina Bancaria y la Ley General Tributaria.Además de estas obligaciones de información, los ciudadanos residentes en España que decidan realizar cualquier operación de las que se liberalizan deberán aportar a su banco o caja "las declaraciones o justificantes que se determinen". Las entidades no podrán "ejecutar ningún cobro, pago o transferencia al o del exterior, sin el cumplimiento de dicho requisito".

El informe del CSB responde que "la exigencia de justificantes para la realización de operaciones supone el mantenimiento de un régimen de control de las operaciones que no resulta coherente con la liberalización que se pretende introducir". Ello podría "hacer recaer sobre estas entidades la responsabilidad de verificar la validez o suficiencia de dicho justificante".

Esta exhaustiva exigencia de información se justifica, según el proyecto de real decreto, para que la "eliminación de las restricciones a las transacciones exteriores" no exija ningún tipo de autorización previa, que es el sistema que prevalece ahora.