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Incertidumbre en el endeudamiento autonómico, según Solchaga

CONCHA MARTÍN, El Ministerio de Economía ha vuelto a lanzar una seria advertencia a las comunidades autónomas sobre su nivel de endeudamiento, pero ha dado un paso más al señalar que ello "ha tenido la indeseable consecuencia de introducir incertidumbre en el sector financiero acerca de la solvencia de las comunidades autónomas". Así se señala en el documento enviado por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, a los consejeros de las autonomías, que servirá de base para la reunión del próximo lunes, donde se proseguirá el debate sobre el nuevo sistema de financiación.

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Cerrar el abanico

Como primer punto del orden del día, Solchaga propone discutir Ia coordinación de las políticas presupuestarias y de endeudamiento". Sobre este aspecto, Economía destaca los importantes logros de coordinación alcanzados hasta ahora entre la Administración central y la autonómica respecto de la gestión tributaría o el sistema de financiación.Sin embargo, en materia de coordinación presupuestaria, de endeudamiento y de política fiscal no ha sido así, según Economía, ya que "existe una clara divergencia entre la evolución de los déficit públicos de la Administración central y de la autonómica". La consecuencia es que las tasas de endeudamiento de algunas comunidades han alcanzado en algunos momentos "niveles preocupantes".

Esta advertencia parcial se generaliza al afirmar que ello "ha tenido la indeseable consecuencia de introducir incertidumbre en el sector financiero acerca de la solvencia de las comunidades autónomas", lo que "ha agravado a su vez las condiciones en que éstas pueden acceder al crédito".

Como soluciones, apunta la revisión del actual límite de endeudamiento establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) -el 25% de los ingresos corrientes-, ya que "no tiene en cuenta los distintos niveles competenciales existentes". Respecto del déficit, señala la posibilidad de introducir mecanismos, por ley o de forma voluntaria, para conseguir una mayor coordinación.

Negociación en dos fases

El Ministerio de Economía retoma en este documento la idea de abordar el nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas en dos fases diferenciadas.

En una primera etapa, que durará hasta el 31 de diciembre de este año, propone debatir el mencionado problema de la coordinación presupuestaria y del endeudamiento, junto con el de la financiación de la inversión nueva, la consideración de nuevas variables sobre las que fijar la participación en los ingresos del Estado, la evolución temporal del sistema y la actualización de las normas sobre tributos cedidos.

En una segunda fase, que empezaría en 1992, se propone discutir la nivelación de los servicios mínimos fundamentales, la corresponsabilidad fiscal y la financiación de la sanidad. Es decir, el Gobierno quiere primero alcanzar un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, de forma que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 1992, y después abordar uno los aspectos "más complejos", el de la cesión parcial del impuesto sobre la renta.

El calendario que ahora se propone varía, pues, respecto del principio de acuerdo alcanzado en la anterior reunión del pasado 6 de noviembre, donde se propuso discutir la corresponsabilidad fiscal en primer lugar. Tras aquella reunión, el ministro de Economía explicó que por corresponsabilidad fiscal también había que entender los recargos autonómicos en el impuesto sobre la renta.

Esta posibilidad fue descartada por los consejeros autonómicos, pero el documento de Economía insiste en que ésta es una vía ya prevista en la LOFCA que permite aumentar la autonomía financiera. Amplía, sin embargo, el abanico hacia otras vías también previstas, como son la cesión de nuevos tributos y el gravamen de nuevas bases imponibles no sujetas a impuestos estatales.

Recargos sobre el IRPF

Sin embargo, desaconseja expresamente "la cesión de la gestión del impuesto sobre la renta (IRPF)". Ello supondría, según el documento, romper la unidad de mercado en el territorio español, "particularmente en lo que se refiere al tratamiento fiscal de las transacciones o actividades desarrolladas en su seno".

La cesión de un porcentaje de la recaudación del IRPF que vincule el nivel de cumplimiento fiscal de cada territorio a la cuantía de su financiación no queda muy afinada en el documento. Sobre esta posibilidad, contemplada en algún momento desde el Ministerio de Hacienda y por algunas comunidades autónomas, se señala que ya está prevista en la LOFCA a través de la variable de "esfuerzo fiscal". Dentro de este marco legal, añade, se puede considerar si su tratamiento actual "es suceptible de mejora".

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