España, uno de los últimos países que incorpora legislación

"Es preciso que los países de la Comunidad Europea que aún no cuenten con legislación sobre protección de datos la promulguen a la mayor brevedad posible". Ésta ha sido una de las recomendaciones del Consejo de Europa tras una reciente reunión en Estrasburgo de los comisarios de datos europeos. Tuvieron que tomar buena nota de este aviso España, Bélgica, Italia y Grecia, únicos países de la CE que todavía no cuentan con una ley de protección de datos.En el ámbito internacional, prácticamente los países más avanzados en tecnologías informáticas han sido los primeros en legislar sobre este tema. Suecia tiene una ley de datos desde 1973. Un año más tarde (1974), se aprobó la Ley de Privacidad en Estados Unidos. La entonces República Federal de Alemania tuvo su Ley de Protección de Datos en 1977, y en 1978 Austria promulgó su Ley de Protección de Datos Personales.

Ese mismo año (1978) se registró una fiebre por legislar los datos personales, y así fueron aprobadas leyes en este sentido en Dinamarca (Ley de Registros Privados y Ley de Registros de Autoridades Públicas), en Francia (ley relativa a la informática, los ficheros y las libertades) y en Noruega (Ley de Registros de Personas). En Canadá se dispone de una Ley de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales desde 1982, y en el Reino Unido fue aprobada en 1984 la Ley de Protección de Datos. La más reciente es la Ley de Protección de Datos Personales frente a la Informática, aprobada este mismo año en Portugal.

En 1981 los países miembros del Consejo de Europa, entre ellos España, firmaron la Convención de Protección de Datos. Por otra parte, el proyecto de directiva de la CE sobre esta materia elaborado en 1990 también recoge referencias a la protección de datos, aunque admite que las legislaciones actuales son muy diferentes. A pesar del mandato constitucional recogido en el artículo 18.4 de la Carta Magna han pasado 13 años sin dar respuesta a los problemas que plantean las nuevas tecnologías informáticas. No obstante España ha ratificado durante este tiempo todos los acuerdos internacionales en esta materia.

El Gobierno socialista consideró, tras acceder al poder en 1982, la protección de la intimidad contra los abusos informáticos como una materia urgente, de tal manera que en mayo de 1983 la Administración preparó un borrador de ley y un año más tarde estuvo a punto de ser aprobado un anteproyecto por el Consejo de Ministros. En 1987 la Asociación Pro Derechos Humanos elaboró un texto que repartió a los parlamentarios.