Críticas a la recogida de información 'sensible'

Los puntos más conflictivos del proyecto que ha presentado el Gobierno al Parlamento se refieren a la posible indefensión de los ciudadanos, las excepciones de acceso a los ficheros públicos, a la recogida y tratamiento informático por parte de la policía de datos personales sensibles sin consentimiento de los afectados y a la autoridad -la Agencia de Datos- encargada de controlar los ficheros y de atender las quejas de los particulares.

Ficheros de datos sensibles. El proyecto de ley aboga por disposiciones específicas para el Registro central de Penados y Rebeldes y por Ios ficheros automatizados cuyo objeto sea el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales dentro del ámbito del personal militar profesional. Algunos grupos parlamentarios estiman que estos datos, de carácter personal y que pueden perjudicar a los afectados, deben ser controlados por la Agencia de Protección de Datos.Recogida de datos. Sobre la recogida de datos, en el texto del Gobierno figura que el tratamiento automatizado de los datos personales requerirá el consentimiento del afectado salvo que la ley disponga otra cosa. Sin embargo no será preciso ese consentimiento cuando se recojan de fuentes accesibles al público o para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones. Algunos grupos de la oposición estiman que al solicitar los datos personales se deberá preguntar a los afectados si aceptan la cesión de dichos datos y, en tal caso, deberán ser informados de la finalidad y de la forma en que se van a utilizar. También piden que el consentimiento de los datos que hagan referencia a la ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual sea por escrito.

Ficheros de titularidad pública. Respecto a la creación y cesión de datos de ficheros de titularidad pública se pide que la Administración implicada comunique a la Agencia de Protección de Datos el número de cesiones, la identificación del cesionario y el carácter de la información. También piden algunos grupos parlamentarios que la recogida de datos sensibles por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se haga siempre que sea absolutamente necesaria, pero bajo control judicial. Respecto al acceso de los particulares a los ficheros, el proyecto contempla que este derecho podrá denegarse cuando se trate de razones de seguridad pública.

Agencia de Protección de Datos. Sobre esta agencia, que en el proyecto del Gobierno figura como un organismo vinculado a la Administración, los grupos de la oposición quieren que dependa del Parlamento.