La financiación de los parques naturales de la CE divide a los Doce
El dinero para financiar la red de reservas naturales que la Comisión Europea pretende crear y mantener en Europa volvió a separar ayer a los Doce. El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CE no se puso de acuerdo sobre el método de cofinanciación, a pesar de que la propuesta de la presidencia holandesa daba satisfacción a España y los demás países del Sur. "¿Cómo podemos pretender ayudar a proteger el medio ambiente de los países del Tercer Mundo y del Este si somos incapaces de ponernos de acuerdo para proteger el nuestro?", denunció Vicente Albero, secretario de Estado de Medio Ambiente.
Despues de muchas horas de debate, la decisión de los Doce fue aplazar la cuestión hasta diciembre. El de ayer fue el tercer gran debate de la directiva sobre conservación de hábitats naturales y seminaturales, un objetivo presentado en 1988 para crear una gran red europea de parques naturales a la que cada Estado destinaría el 15% de su territorio. El problema se plantea en que los países del Sur son los únicos con abundancia de zonas escasamente pobladas y alta riqueza natural, pero carecen de recursos para financiar esa carga. Las zonas elegidas deberán limitar las actividades agrícolas o industriales e impedir que las crucen carreteras.La Comunidad prevé un presupuesto ecológico, englobado en el programa Life, de 20.985 millones de pesetas para este año y el próximo. Esta cantidad es totalmente insuficiente, según España, si además de los proyectos ya en marcha -programas para las costas mediterráneas y del mar del Norte y otras acciones medioambientales- se quiere financiar los parques naturales de la CE. Como ejemplo, Vicente Albero citó "los 52.000 millones que se gastan en España al ano en protección de aves". Según un representante portugués, la Comunidad pretende crear reservas de indios".
España, Italia, Grecia, Irlanda y Portugal estaban de acuerdo con la propuesta de la presidencia holandesa, que vincula las acciones a emprender por cada país a la cofinanciación comunitaria del proyecto (la pretensión española es que la Comunidad corra con el 75% del coste). Dicho de otra forma, si no hay dinero de la CE, el país en cuestión puede retrasar sin límite la creación de un parque natural. Contra esta obligación de dotar a la CE de medios suficientes se alzaron principalmente Francia y Alemania. Al cierre de esta edición, los Doce debatían en sesión restringida una fórmula de acuerdo.
El otro punto de litigio sobre la directiva de hábitats, el dé quién tiene la última palabra en la elección de una reserva natural, quedó resuelto con la posibilidad del Estado afectado a resistirse al criterio de selección de la Comisión Europea.
La contradicción entre objetivos y medios se puso de manifiesto con la discusión, también aplazada, del programa Life, un instrumento financiero que agrupará todas las acciones de fa CE en favor del medio ambiente. El presupuesto para el periodo 1991-95 será de 500 millones de ecus (unos 65.000 millones de pesetas), Un documento confidencial español plantea la necesidad de un presupuesto cinco veces mayor a mantener a largo plazo.
El caso de España
España cuenta con 2,3 millones de hectáreas de superficies protegidas, a las que hay que añadir otras 800.000 hectáreas de montes de propiedad pública. En conjunto, ocupan el 6% de la superficie nacional. Las reservas naturales y seminaturales españolas representan el 40% del total de parques naturales de la CE. El objetivo de la Comisión Europea es construir Naturaleza 2000, una red de zonas especiales de conservación del hábitat de mayor extensión que Bélgica y Luxemburgo unidos.Los criterios de selección de la CE -naturaleza en buen estado y diversidad de fauna y flora- chocan con la realidad. Más de la mitad de la superficie española cumple estos requisitos, pero mientras que en Dinamarca el lobo es una especie extinguida, en suelo ibérico ha sufrido el acoso humano y se ha adaptado, porque, según Albero, "come ahora en los vertederos".
España se resiste a conceder el voto por mayoría en materia de medio ambiente a la CE para no verse obligada a unas inversiones ecológicas que no entran en las prioridades del Gobierno.
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