El fiscal de Sevilla estima que la Ley de Seguridad Ciudadana "se queda corta"

Emilio Llera, fiscal de la Audiencia de Sevilla, calificó ayer como lights (descafeinadas) las funciones que prevé para la policía judicial el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana remitido por el Gobierno a las Cortes. Según Llera, con la actual legislación, la policía judicial "se ve inerme para realizar las tareas que demanda la protección de la seguridad colectiva".Llera, quien participa esta semana en el seminario sobre seguridad ciudadana organizado en Sevilla por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lamentó la "timidez" de algunos artículos del proyecto de ley en lo concerniente a las atribuciones de la policía judicial. "La posibilidad de instar a un individuo hipotéticamente relacionado con un delito a que acompañe a los agentes a un centro policial si se niega a identificarse en la vía pública se queda corta", dijo el fiscal, quien dijo preferir "algo más parecido a la detención" para este tipo de situaciones. "Es un precio barato para los ciudadanos honestos el tener que acudir a identificarse a una comisaría a cambio de gozar de un mayor nivel de seguridad ciudadana", arguyó Llera.

El fiscal de la Audiencia de Sevilla criticó también el hecho de que la policía judicial no pueda proceder en la actualidad a cachear a una persona previsiblemente relacionada con un delito. "Caemos así en la situación ridícula de que un agente puede tener la sospecha de que un individuo puede portar un arma o cualquier otro objeto relacionado con la investigación y se ve imposibilitado para comprobarlo", afirmó.

Para Llera, constituye "intrusismo" el hecho de que la ley de Seguridad Ciudadana regule las funciones de la policía judicial "mezclando en el mismo texto legal los poderes de la policía preventiva y la represiva". Llera agregó que hubiese sido preferible que el citado proyecto de ley se hubiese limitado a especificar las atribuciones de la policía preventiva "y haber dejado las funciones investigadoras de la policía judicial para las leyes procesales mediante, por ejemplo, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".