Pujol convocará elecciones el 15 de diciembre si no hay acuerdo sobre la financiación

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, convocará elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 15 de diciembre, domingo, salvo que antes del 15 de octubre obtenga un éxito fulgurante en la negociación de la financiación autonómica con el Gobierno central. Cualificados dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) dieron ayer por prácticamente definitiva esta fecha después de las tres reuniones que mantuvieron con Pujol durante la jornada.

El adelanto de las elecciones empezó a cobrar fuerza al regreso del viaje que Jordi Pujol realizó hace 10 días a Moscú en plena efervescencia de la polémica independentista. El presidente explicó el telón de fondo del adelantamiento electoral en la reunión mantenida ayer por el secretariado permanente de Convèrgencia y que se prolongó durante toda la mañana. Éste es el órgano restringido de dirección de CDC y, en realidad, el único que debate cuestiones políticas.Dos altos dirigentes nacionalistas que estuvieron presentes en más de una de las tres reuniones de ayer afirmaron que el 15 de diciembre "es la fecha", y el partido tiene instrucciones de trabajar en esta dirección. La proximidad con las pasadas elecciones municipales (26 de mayo) hace que el aparato convergente permanezca aún a medio gas y operando en varias comarcas de Cataluña. Desde finales de julio [véase EL PAÍS del 5 de agosto] varios consejeros del Gobierno catalán han sugerido a Pujol que los comicios autonómicos debían adelantarse.

Una salvedad

Sólo hay una salvedad a esta decisión, según ha expuesto el propio Pujol: que antes del 15 de octubre se llegue a una solución satisfactoria sobre el modelo definitivo de financiación autonómica. En ese caso -que el presidente, por las informaciones de las que dispone, considera improbable-, las elecciones se celebrarían en la fecha inicialmente prevista: el 5 de abril de 1992.

En medios de CDC se espera que en el debate de política general con el que se abren las sesiones en la Cámara catalana, y que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre, Pujol avance alguna de sus decisiones.

La negociación de la financiación autonómica que debería empezar a regir el año próximo aparece como una discusión compleja y con puntos de vista alejados. A las posturas conocidas del ministro de Economía, Carlos Solchaga (partidario de prorrogar provisionalmente el actual sistema) y de la Generalitat de que se mantengan los plazos previstos, se ha añadido una tercera vía defendida por el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, y que cuenta con el aval del vicepresidente, Narcís Serra.

Esta tercera opción consiste en un acuerdo del Gobierno con las 15 comunidades que se rigen por el sistema ordinario para dotar los presupuestos de 1992 de una partida suplementaria de 100.000 a 150.000 millones que se repartirían las comunidades. De esa cantidad, la Generalitat aspiraría a obtener unos 20.000 o 25.000 millones de pesetas. Paralelamente se discutirían los criterios para la fórmula definitiva de financiación y se fijaría una nueva fecha para su entrada en vigor: probablemente el 1 de enero de 1993, un año más tarde de lo previsto.