El informe de Helsinki critica la masificación de las cárceles españolas

El informe del Comité de Vigilancia de Helsinki, presentado ayer en Moscú, en uno de los foros de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, describe un panorama de las cárceles de Estados Unidos, Checoslovaquia, Polonia, Turquía, Gran Bretaña, la Unión Soviética y España. Según el informe, la masificación es uno de los más severos problemas de las prisiones españolas.

En relación con la elaboración de este informe en junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió en julio último una denuncia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, contra la juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid Manuela Carmena, por haber autorizado la visita a la cárcel de Carabanchel de dos miembros de la asociación Human Rights Watch (Mirada a los Derechos Humanos), contra el criterio de la Administración.El CGPJ no ha tomado todavía una decisión sobre lo que en medios del Consejo se considera una amenaza del poder ejecutivo al judicial, en forma de una advertencia de que, en caso de que la juez Carmena insista en su actitud, la Administración penitenciarla se vería obligado a utilizar la fuerza física para impedir que se cumpliera la decisión de la juez. Preguntado sobre el contenido de su denuncia, Asunción declaró ayer que se ha limitado a ser consecuente con el ámbito competencial, que no faculta a los jueces de vigilanción a autorizar visitas a las cárceles. Asunción no confirmó ni desmintió que en su denuncia figurara la advertencia de que se usará la fuerza física frente al criterio de la juez.

Román García Varela, jefe de la Inspección del Consejo y algunos vocales del órgano de Gobierno del poder judicial se han planteado, aunque todavía no lo han resuelto, si la advertencia de Asunción puede significar un atentado a la independencia judicial. En la mañana de ayer se reunió la comisión disciplinaria del CGPJ.

El informe de Helsinki basa su crítica sobre la masificación de las cárceles españolas en que su capacidad total es inferior a 24.000 reclusos, y, están encarcelados unos 34.000. El informe precisa que sólo en Turquía y España la administración de prisiones intentó impedir el acceso del comité a las prisiones. Sus integrantes únicamente consiguieron acceder a dos centros en Cataluña, y al patio y comedores de la cárcel de Carabanchel por haber sido acompañados por la juez Carmena.

Comida

Los presos, agrega el informe, se quejan de la calidad de la comida. Las cartas de los acusa dos de terrorismo son censuradas en ocasiones. Respecto a los castigos, la forma más común es la de denegar las visitas, ya sean ordinarias o íntimas, y los permisos. Una de las medidas disciplinarias utilizadas en las prisiones españolas es la de trasladar a los internos a centros más alejados de sus domicilios habituales.

El informe agrega que se recibieron noticias de malos tratos a reclusos por parte de funcionarios como consecuencia de protestas penitenciarias, incluidas y asaltos, especialmente durante motines). Existen pandillas de drogadictos, cuyos dirigentes ejercen presiones sobre sus compañeros de prisión.

El Ministerio del Justicia desautorizó ayer el informe elaborado por la Comisión de Vigilancia de Helsinki, mientras el defensor del Pueblo, Álvaro GilRobles declaró a Radio Nacional de España que la situación en las cárceles no es tercermundista. Reconoció que hay "puntos negros", como el hacinamiento.