El Gobierno reconoce la importancia del fraude del gasóleo

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Arsenio Lope Huerta, confirmó ayer que "estamos en presencia de un fraude importante" en relación con la denuncia que presentó la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) por el fraude en la venta de gasóleo de calefacción por combustible para uso agrícola. Lope Huerta, que no facilitó ni los nombres de los implicados ni las cifras a Ias que puede ascender la estafa, confirmó la veracidad del escándalo, y manifestó que este fraude afecta a otras partes del país.La cautela de Arsenio Lope Huerta a la hora de facilitar datos era debida, según sus declaraciones, "al desarrollo de las investigaciones que está realizando la Dirección Regional de Aduanas y la Guardia Civil, y que "van a ser largas y exhaustivas". Según el delegado del Gobierno, se ha detectado además "la presencia de documentos falsos en una delegación de Hacienda de la comunidad castellano-leonesa para justificar la existencia de ese combustible", a la vez que, según los análisis efectuados, "ocho muestras de 21 que se han recogido demuestran fehacientemente que se ha producido la estafa".

El fraude se basa en la diferencia de precios, unas 25 pesetas por litro, entre el gasóleo C (para calefacción) y el gasóleo B (destinado a uso agrícola). Es decir, que el distribuidor sirve e gasóleo C por B, con o sin el consentimiento del agricultor, embolsándose la diferencia.

El fraude afecta también a Hacienda, puesto que el comprador de gasóleo para uso agrícola tiene una subvención de 33 pesertas por litro. Esta subvención se recibe a posteriori, cuando los agricultores justifican su compra mediante vales emitidos por la Administración.

En función de estas bonificaciones a los agricultores, la Administración central devolvió el pasado año en la comunidad castellano-leonesa más de 6.200 millones de pesetas, el 21,51% de la cantidad global, lo que sitúa a esta región al frente de todas.

Según Arsenio Lope Huerta, Ias investigaciones se van a seguIr realizando tanto a distribuídores de combustible como a los propios agricultores". El escándalo de la venta fraudulenta de combustible se inició el pasado 1 de agosto, cuando la COAG presentó una denuncia por la comercialización fraudulenta de gasóleo e implicó al industrial Carlos Gila, distribuidor de Campsa en Segovia.