El Gobierno reformará en otoño la ley del aborto

LUCÍA ARGOS, El Gobierno está dispuesto a reformar la ley despenalizadora del aborto, aunque su propuesta no se hará pública hasta el próximo otoño. Así lo anunció ayer el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, en la presentación del informe sobre aplicación de la legislación vigente en esta materia, a la que se han acogido 110.000 mujeres. "La ley ha sido eficaz", afirmó, pero admitió la existencia de problemas para su aplicación. En este sentido avanzó la disposición del Ejecutivo a "clarificar" los límites de la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad pública.

El informe sobre la evaluación de la aplicación de la actual ley del aborto fue entregado ayer por Virgillo Zapatero en el registro de la Cámara de los Diputados en respuesta a una petición del Congreso. De sus conclusiones, el Gobierno ha valorado que "la legislación actual ha tenido un alto grado de eficacia", según afirmó Virgilio Zapatero en reiteradas ocasiones, entre otras razones, "porque ha resuelto problemas a bastantes miles de ciudadanos que han podido acogerse a ella", dijo.El balance revela que desde 1985 un total de 110.000 mujeres han abortado en España acogiéndose a los tres supuestos legales. De ellas, más del 40% tienen menos de 25 años, y entre 1987 y 1989 han recurrido al aborto cerca de 10.000 jóvenes entre los 15 y 19 años, lo que representa el 13% de todas las interrupciones legales practicadas, y con tendencia al alza.

Estas cifras, sin embargo, difieren bastante de las manejadas por asociaciones feministas y representantes de la medicina privada, que sitúan en más de 100.000 el número de españolas que recurren al aborto anualmente. En un estudio financiado por el Instituto de la Mujer e incluido en el Programa Especial de Investigación de Reproducción Humana, de la Organización Mundial de la Salud, se aseguraba que en España se registran por término medio 105.000 abortos cada año, el 71% de los cuales son ¡legales.

Zapatero dijo desconocer las cifras de abortos clandestinos, pero se congratuló de que haya disminuido progresivamente el número de españolas que viajan a abortar al Reino Unido: de 22.002 en 1983 a 1.332 en 1989. Zapatero tan sólo se refirió a la existencia de 83 causas por abortos tramitadas en los tribunales, 34 en fase de instrucción, lo que calificó como un bajo índice de litigiosidad.

También aludió al grado de "interiorización" de la ley en el seno de la sociedad española, ya que, según el estudio, aceptada en los tres supuestos legales -peligro para la v de la madre o el feto, riesgo de malformaciones fetales y violación- por entre un 65% y 80% de los ciudadanos. Madrid ha sido la comunidad autónoma con mayor número de abortos legales practicados, un total de 8.238, seguida de Valencia (5.441), Castilla y León (3.251) y Andalucía (2.693).

Un dato destacado en el informe revela que casi el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo en los tres supuestos legales fueron practicadas en clínicas privadas (existen 215 centros públicos para interrupciones, voluntarias del embarazo y 54 privados acreditados). El supuesto más invocado (en el 98% de los casos) fue el de peligro para la salud física o psíquica de la madre.

En el estudio se alude a ciertas posturas de rechazo abierto no sólo entre especialistas de ginecología y anestesiología, sino también entre el personal de enfermería, lo que ha dado lugar a que en algunos centros públicos sean escasos o nulos los profesionales que realizan estas intervenciones".

Objeción de conciencia

Virgilio Zapatero admitió que el ejercicio de la objeción de conciencia, "ha sido amplio en los centros públicos", y que "ha planteado problemas a la aplicación de la ley". En este sentido dijo: "Tenemos la duda de si no sería conveniente en el futuro alguna norma que clarifique los límites al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia". "Lo que sería un fraude", dijo, "es que un mismo profesional practicara objeción en un centro público y realizara abortos en uno privado".

Entre otras barreras a la aplicación de la ley despenalizadora del aborto, Zapatero se refirió al ejercicio de la acción popular contra las personas y profesionales relacionados con abortos, para finalmente sugerir que quizá con la legislación vigente "no están protegidos los derechos a la libertad de las mujeres, y por tanto, no están garantizados los derechos de los ciudadanos".

El ministro, que rehuyó clarificar la postura del Ejecutivo sobre la fórmula final de la reforma -insistió en que aún no se ha decidido-, dijo, no obstante, que tanto una ley de plazos como la ampliación de la despenalización a un cuarto supuesto son compatibles con el marco constitucional. "Tenemos cierto margen de manióbra dentro de la Constitución para plantearnos la decisión sobre uno u otro".

Para las mujeres de la Unión General de Trabajadores (UGT), el informe no refleja la realidad de la situación actual del aborto en España, ya que, según sus datos, "sólo un tercio de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en España se acogen a los supuestos legales".

El departamento de la mujer de UGT lamentó ayer que el informe presentado en el Parlamento "no vaya acompañado de la correspondiente propuesta del Gobierno", lo que se interpreta como "una falta de voluntad política en dar una solución definitiva a esta rémora para la efectiva democratización de nuestro país".