España y la venta de pistolas

Los CIUDADANOS de Yugoslavia, embarcados en una guerra civil no declarada, se han estado matando, y se matan, con pistolas fabricadas en España. Esa realidad, desvelada ayer por este periódico, provoca intranquilidad moral e interrogantes políticos que deben ser despejados cuanto antes. Nuestro país fabrica armas cortas con una eficacia muy apreciada por los consumidores, lo que genera un volumen exportador destacado. Usualmente, este tipo de armamento no provoca polémicas públicas, al tratarse de un elemento secundario en los gran des conflictos bélicos. Pero en este caso no es así: la guerra civil soterrada que está viviendo con altibajos la Federación Yugoslava no se está librando sobre la base de dos ejércitos que se enfrentan con una amplia panoplia de armamento pesado y estratégico. Los protagonistas son, por el momento, junto al Ejército federal y los de las repúblicas independentistas, las cuadrillas locales o vecinales, la acción semiguerrillera, las milicias religiosas y étnicas... Es un conflicto multiforme que se expresa precisamente a través de la utilización de armas cortas.

¿Cómo llegan desde las fábricas españolas hasta el escenario de las batallas? Datos y testimonios fehacientes indican que una vía legal de suministro privilegiado, seguramente la principal, ha sido hasta hace pocos días la frontera austro-yugoslava. Al menos hasta que la Comunidad Europea decretó el embargo, el pasado 5 de julio, y, sobre todo, Austria se sumó al mismo, el día 9. España había multiplicado por seis sus ventas de pistolas a dicho país en 1990, año en el que comenzó a agudizarse la crisis en los Balcanes y el Gobierno de Viena liberalizó su venta al por menor.

Pero se sabe también de otros canales, como la vía marítima hacia la costa croata, por la que se filtra armamento procedente de distintos países. No hay evidencia de que cargamentos de material español hayan seguido esas vías alternativas, ni tampoco de las fechas exactas de llegada del material. En consecuencia, no hay constancia de que España haya incumplido en absoluto el embargo comunitario. No hay constancia, pero ello no basta: en estos complicados asuntos se necesitan seguridades. No se trata de pasar la carga de la prueba de inocencia al Gobierno, sino de que éste informe con detalle de las medidas arbitradas para el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Esta exigencia no obedece a un mero prurito metodológico, sino a la constatación de dos problemas. El primero consiste en que los trámites oficiales para la exportación de armas cortas -a diferencia de las otras- no son aprobados directamente por la junta interministerial que debe autorizarlas, sino que son los delegados provinciales de Comercio quienes lo hacen, y sólo después informan a la junta. ¿Está la Administración en condiciones de garantizar que en el cumplimiento de lo acordado no ha habido errores?

El segundo problema radica en que el comercio mundial de armas sigue vericuetos complejos, a veces indescifrables, en el que los intermediarios de toda laya marcan la pauta: intermediario sobre intermediario, al final se diluye dónde recaen las responsabilidades de cada transacción, quién vendió a quién y si la venta era correcta desde el punto de vista de unas mínimas pautas jurídicas, políticas y morales. Esta abigarrada tela de araña no es algo teórico: durante la guerra entre Irán e Irak, España sorteó repetidamente el embargo internacional decretado para el comercio de armas, que llegaban al teatro de operaciones desde las bodegas de barcos con bandera dudosa que cambiaban continuamente de nombre, fletados en los puertos de Santander y Barcelona. Ese incumplimiento quedó política y parlamentariamente impune.

El pasado 8 de julio, los cinco países con mayor capacidad exportadora de armas (EE UU, la URSS, Francia, el Reino Unido y China, es decir, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) trataron de dar un cierto aire regeneracionista al negocio de la venta de material bélico. El Grupo de los Siete ha apoyado la creación de un registro internacional del comercio de armas, dependiente de la Secretaría General de la ONU, para evitar en lo posible su venta irresponsable.

Fue irresponsable haber vendido armamento a una Yugoslavia situada al borde del caos, independientemente de cuáles fuesen los canales de intermediación. Pero más allá de esta lamentación histórica, es inexcusable la exigencia de garantías para que de ninguna manera se siga vendiendo ese material. Y para que este polémico comercio no desmienta la política declarada del Gobierno en pro de la paz en Yugoslavia.