El ISSSTE anuncia que garantizará el aborto a las trabajadoras del Estado
El director de la institución de salud, Martí Batres, afirma que la nueva medida se toma para garantizar “la progresividad de los derechos”
El Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado el jueves un acuerdo que garantiza el libre acceso a los procedimientos para la interrupción legal del embarazo para las trabajadoras públicas en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El texto firmado por su director, Martí Batres, toma como base la normativa del ISSSTE, que establece “que el seguro de salud tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de las personas derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad”.
Batres hizo público el acuerdo a través de su cuenta en la red social X, en la que afirmó que la nueva medida se toma para garantizar “la progresividad de los derechos”. El funcionario no explicó, sin embargo, qué pasará en aquellos Estados en los que el derecho al aborto aún no está legislado. Aunque en septiembre de 2023 la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país, este derecho aún no es completamente legal en 11 de los 32 estados: Durango, Chihuahua, Sonora, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Campeche.
El @ISSSTE_mx a favor de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en sus servicios de salud y por la progresividad de los derechos.
— Martí Batres (@martibatres) January 24, 2025
Hoy se publicó un Acuerdo en el @DOF_SEGOB: https://t.co/VqcOAoGZpj pic.twitter.com/GhXZKy1JzU
El documento considera el artículo 4 de la Constitución que establece la igualdad sustantiva del hombre y la mujer frente a la ley, “lo que fortalece el reconocimiento hacia esta, en un plano de igualdad de género, respecto a la toma de decisiones responsables sobre su plan de vida e integridad corporal”. También se hace eco del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que “dispone que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; por lo que, para asegurar su plena efectividad, deberán adoptar entre otras medidas, la relativa a la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos”.
La nueva disposición ya ha entrado en vigencia con el objetivo de “garantizar la aplicación de un procedimiento para regular aquellos casos donde se interrumpa legalmente el embarazo en el ISSSTE, a fin de proteger la integridad personal y la autonomía reproductiva de la Persona Usuaria; brindando certeza de la aplicación del procedimiento tanto al Personal de Salud como a aquellas, en concordancia con los mandatos constitucionales y convencionales de los que el Estado Mexicano es parte”. El reglamento titulado “Acuerdo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, formará parte de la normatividad vigente de esa institución.
El reglamento establece, además, que “la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizará los trámites correspondientes para que el contenido del instrumento sea incluido en la Normateca Electrónica Institucional, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación del presente Aviso en el citado medio de difusión oficial”, de tal manera que los trabajadores del ISSSTE puedan acceder a la información establecida en el nuevo reglamento.
Las mujeres de México han mantenido una larga batalla por lograr el derecho al aborto. La Suprema Corte despenalizó el aborto a nivel federal en 2023 por una decisión unánime del máximo tribunal del país, que obliga a las instituciones de salud pública a prestar el servicio e impide que el personal médico pueda ser criminalizado por practicarlo. Ya son 19 entidades donde se ha despenalizado en aborto en el país, incluyendo la despenalización total en Ciudad de México. Chiapas y el Estado de México fueron las dos entidades federales en despenalizarlo, estableciendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
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