Obras Públicas admite que existen amenazas mafiosas contra los funcionarios de costas

Fernando Palao, director general de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), admitió ayer la existencia frecuente de amenazas de tipo mafioso contra los jefes de demarcación y los vigilantes de costas, cuyas actuaciones se amparan en la Ley de Costas de 1988. Palao puso el ejemplo del jefe de demarcación de Málaga, Luis López Peláez, cuya esposa recibió recientemente en su domicilio una corona de flores. Palao dijo también que para completar la regeneración de las playas españolasí habrá que invertir 60.000 minones de pesetas en los próximos afios.

El director general de Puertos y Costas recordó que López Peláez ha mantenido recientemente un contencioso con la urbanización Aldea Beach, de la localidad malagueña de Manilva, por recurrir contra una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de esa localidad a la mencionada urbanización. Palao criticó la actuación de esta urbanización, que presiona a López Peláez a través de anuncios en la prensa y le reclama 500 millones de pesetas por daños y perjuicios. El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se paralizaron hace dos años las obras de esa urbanización en Manilva."No sabemos quiénes son los autores de las amenazas y las presiones personales contra los jefes de demarcación y los vigilantes costeros", dijo Palao, "pero pensamos que pueden estar detrás quienes se sienten perjudicados por las acciones legales emprendidas por los funcionarios de las jefaturas de costas. Existe una campaña para atemorizar a esos funcionarios, pero es imposible investigar a fondo este tipo de casos. A estos funcionarios, que están sujetos a constantes amenazas y chantajes, se les exige un celo en sus funciones que es desproporcionado con su remuneración moral y económica".Palao reconoció que en el 60% del litoral español, donde se encuentra la mayor parte de los cascos urbanos y los terre-nos declarados urbanizables antes de la promulgación de la Ley de Costas, no se pueden aplicar las medidas de protección que prevé la ley, "porque en ese territorio hay actuaciones y concesiones de suelo urbanizable anteriores a la entrada en vigor de la ley. En ese 60% del litoral, la Administración sólo puede actuar sobre 20 metros a partir de la ribera del mar. Si se hubieran prohibido las construcciones en los 100 metros de servidumbre que dicta la ley, el volumen de expropiaciones habría sido inaudito La Ley de Costas tiene una capacidad protectora limitada, y si queremos que el litoral sea tratado adecuadamente, tenemos que contar con el apoyo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".1.200 expedientes

En la actualidad hay abiertos 1.200 expedientes contra actuaciones ilegales en áreas de dominio público del litoral, y sólo en la Costa del Sol se han derribado 500 chiringuitos. Palao advirtió que la gestión de las áreas de dominio público marítimo-terrestre eran competencia del Estado, aunque admitió que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán competencias en la concesión de permisos para actuar en esas zonas, como reconoce una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Palao presentó además un informe sobre las actuaciones costeras, del que se desprende que entre 1988 y 1991 se han invertido 20.000 millones de pesetas en la regeneración de playas, con unas 250 actuaciones en el litoral. Para completar este programa harán falta otros 60.000 millones, según Palao.