Escándalo bancario

EL CIERRE del Bank of Credit and Commerce International (BM) -séptimo banco privado del mundo, con un volumen de negocios de más de 20.000 millones de dólares y oficinas en 69 países, entre ellos España- es un aviso sobre la vulnerabilidad e ineficacia de determinadas reglas del sistema financiero internacional. También lo es sobre la falta de escrúpulos de la que hacen gala algunos de sus protagonistas. Al menos desde 1988, año en que se descubrió una operación a gran escala de blanqueo de dinero del narcotráfico, las autoridades monetarias de los principales países donde operaba el BCO estaban advertidas de las extrañas actividades de la entidad. Su liquidación, decidida simultáneamente el pasado 5 de julio por el Banco de Inglaterra y por las autoridades de Luxemburgo, EE UU, Suiza, Francia y España, ha puesto al descubierto uno de los fraudes más grandes en la historia de las bancarrotas bancarias: en torno a los 15.000 millones de dólares.Ahora se trata primero, de saber exactamente lo que ha pasado y, después, de limitar al máximo los daños. De garantizar, en lo posible, los depósitos de las decenas de miles de clientes (unos 100.000 sólo en el Reino Unido y unos 20.000 en España) que han confiado en la gestión del banco y los puestos de trabajo de sus 12.000 empleados, de los que unos 300 lo eran en España. Pero también de tomar las medidas pertinentes para que este tipo de escándalos anunciados se corte cuanto abtes, de investigar las connivencias que otorgan a tales actuaciones la respetabilidad que no tienen y, desde luego, de descubrir las posibles tramas corruptas que permiten su implantación en el sistema financiero. Defender los intereses de los clientes modestos con el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos no debería suponer una innominada licencia para estafar a la que tan proclives parecen ser determinados especuladores. La Asociación Española de la Banca Privada (AEB) y las autoridades monetarias deberían buscar y debatir una fórmula que permitiera deslindar nítidamente el grano de la paja bancaria sin que la rentabilizaran en su propio provecho los aventureros de las finanzas. La última de sus proezas puede llegar a costar 21.000 millones de pesetas a los contribuyentes.

Desde que el 9 de octubre de 1988 agentes de Aduanas norteamericanos descubr ieron en la sucursal del BCO en Tampa (Florida) una operación de blanqueo de 32 millones de narcodólares, la mala reputación del banco se hizo imparable. Entre sus clientes figuraban gentes tan poco presentables como los grandes jefes del cartel de Medellín, el general panameño Manuel Antonio Noriega, la familia Duvalier de Haití o los Marcos de Filipinas. La colaboración internacional ha desempeñado, quizá por primera vez, un papel fundamental en la denuncia de estas prácticas financieras heterodoxas. Lo cual constituye un éxito nada desdeñable si se tiene en cuenta la dificultad que supone el secreto bancario o la existencia de los llamados paraísos fiscales.

Sin embargo, en supuestos como el protagonizado por el BCCI, la colaboración internacional debe extenderse también a la erradicación de las causas que los producen y a la eliminación de sus secuelas. De confirmarse la implicación del BCCI en el blanqueo de beneficios del narcotráfico supone, entre otras cosas, un golpe indudable a la credibilidad del sistema bancario. Pero aún lo sería más cualquier indicio de permisividad ante prácticas como el desvío de fondos, falsas contabilidades, simulación de pérdidas, concesión de créditos atípicos, que son, en definitiva, las que han provocado el cierre del BCCI.