Borrell admite que el plan de carreteras puede lentificarse

El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, admitió ayer la posibilidad de que el recorte presupuestario que estudia el Gobierno suponga un menor ritmo de ejecución y, por tanto, una ralentización del Plan General de Carreteras 1984-1991, cuya finalización está prevista para 1993. No obstante, el ministro aseguró que el recorte "todavía no está decidido".Borrell, que clausuró el seminario El sector público en el mercado global, organizado por Andersen Consulting, defendió el papel del sector público y aseguró, refiriéndose a la competitividad de la economía española, que es necesario incrementar el stock de capital público y privado para compensar el alejamiento geográfico de España de lo que denominó "espina dorsal de Europa".

El responsable del MOPT incidió en la necesidad de abrir un debate sobre los mecanismos de financiación de las obras de infraestructuras y se refirió a la posibilidad de imponer peajes en determinados tramos de la red de carreteras como una de las opciones a debatir en el Parlamento. En el caso de que se aprobara la imposición del peaje, según Borrell, afectaría a autopistas y autovías con características de autopistas de nueva construcción, no a las ya realizadas.

Un 'fraude político'

Por otra parte, el Partido Popular anunció ayer que solicitará a la Comisión mixta del Congreso para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que el mencionado organismo efectúe una fiscalización específica del gasto realizado en la ejecución del plan de carreteras 1984-1991. El coste final del plan, según explicó recientemente el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, ascenderá a más de 2,5 billones de pesetas.

Según afirmó en conferencia de prensa el portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, la actuación del Gobierno en materia de infraestructuras constituye "uno de los fraudes políticos más graves de los últimos años". La apelación del PP alTribunal de Cuentas se completará, además, con la solicitud de un informe sobre la ejecución del plan de carreteras a la Intervención General del Estado, y con la petición de comparecencia ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Transportes del Congreso de varios altos cargos del MOPT, de la interventora general del Estado, Purificación Esteso, y del interventor delegado en el MOPT, Santiago Puentes.

Rodrigo Rato, que acusó al Gobierno de ocultar datos sobre el grado de ejecución y el coste del plan de carreteras, aseguró que las desviaciones en el gasto que se han producido en el plan de carreteras (425.000 millones en el programa de autovías y casi un billón de pesetas en el conjunto de las obras) justifican la apelación al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para esclarecer las posibles responsabilidades.

Según los representantes del PP, las desviaciones, incluido en las mismas el medio billón de pesetas de crédito extraordinario para la ejecución del plan aprobado en 1988, se deben en buena parte a "la adjudicación improvisada de los concursos de obra, que ha obligado a revisar los proyectos".