Un nuevo talante

Hoy, AHMED Laraki y Felipe González, jefes de Gobierno de Marruecos y España, firman en Rabat un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. Es una excelente noticia por cuanto establece, en el nivel institucional de los contactos de Estado a Estado, un conjunto de principios que deberían servir para empezar a borrar la desconfianza en la historia de las relaciones entre ambos países. Serán testigos de la ceremonia los reyes Juan Carlos I y Hassan II.El inusitado doble viaje de Estado del Rey y del presidente del Gobierno tiene una interesante connotación constitucional: para Hassan, las relaciones entre monarquías son competencia exclusiva de sus titulares. Ello revela las diferencias políticas existentes entre ambos regimenes y la importancia que el monarca alauí atribuye a mantener lazos con su "hermano español", único al que considera su igual y con el que, probablemente, quiere comprometerse hacia el futuro. Esta relación real puede llegar a ser un colchón tras el que esconder desacuerdos entre los Gobiernos, que serán sin duda considerados esporádicos y de mero detalle.

Tras la firma del tratado, ninguno de los dos países renuncia a la defensa de sus intereses, pero al menos la basan en un nuevo espíritu de amistad que excluye el uso de la fuerza o la aplicación poco razonable de los intereses de Estado en el ámbito de sus relaciones políticas, económicas y sociales. Y si a España conviene un aliado al otro lado del Estrecho, una nueva comprensión del fenómeno magrebí y el redescubrimiento de una nación respetable, Marruecos necesita un valedor amigo en Europa..

Ambos países tienen pendientes temas -Ceuta, Melilla, la responsabilidad del Sáhara- que sólo se resuelven mediante la comprensión mutua. Tampoco debe olvidarse, sin embargo, que la nueva amistad no puede implicar complicidad en las relaciones entre un Estado totalmente democrático y otro que no lo es: las cláusulas especiales impuestas por Rabat para impedir que Madrid intervenga en cuestiones de derechos humanos no anulan el derecho -ya consagrado en el mundo entero- a actuar en defensa de la libertad de los individuos perseguidos en cualquier país por un régimen autocrático.