El defensor del pueblo de Guatemala denuncia la violación de derechos humanos

La impunidad del crimen es determinante en el creciente deterioro de los derechos humanos en Guatemala cuando el Gobierno de Jorge Serrano está por cumplir seis meses desde su llegada al poder, declara a EL PAÍS el defensor del pueblo de Guatemala, Ramiro de León.

"Al asumir el mando, el presidente Serrano fue clarísimo en cuanto a su voluntad política de respetar los derechos humanos; en cuanto a aplicar la ley a quien resultara responsable de sus violaciones, pero, en la práctica, las actitudes de Gobierno no responden a ese discurso".

"Hay un manto de impunidad que cubre a los violadores de los derechos humanos; hay muchos casos de desapariciones forzadas, de muertes extrajudiciales con señales de tortura y tiro de gracia".

"Las violaciones a los derechos humanos no son masivas, no son institucionalizadas, pero son selectivas. No obedecen a una política de Estado, como en épocas pasadas, pero hay una impunidad que impide que se aclaren los crímenes y se juzgue a los responsables".

"Hay todavía mucho camino por recorrer en este campo. Hay fuerzas que se oponen a la voluntad política expresada por el presidente Serrano", afirma Ramiro de León.

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