Un informe elaborado para la 'Comisión Abril' acusa de fraude a la sanidad privada

El sector privado de la sanidad oculta sus datos por motivos fiscales y desvía al sector público gran parte de su gasto farmaceútico, según un informe elaborado por encargo de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, presidida por Fernando Abrí Martorell, y conocida como Comisión Abril. Los especialistas en economía sanitaria que han redactado el informe afirman que la escasez de datos hace "muy difícil estimar el nivel de defraudación de profesionales e instituciones".

El desvío de parte de los gastos sanitarios del sector privado a los presupuestos públicos había sido denunciado, hasta ahora, por asociaciones profesionales defensoras de la sanidad pública. Pero es la primera vez que se reconoce en un informe, en el que han participado economistas de la salud que trabajan para el sector privado y abogan claramente por él, como Juan José Artells, ex director general de Planificación Sanitaria que ocupa actualmente un puesto destacado en una companía catalana.El capítulo en el que se trasluce más claramente el posible fraude es el del consumo farmaceútico. Así, mientras que el gasto con las recetas de la Seguridad Social ha aumentado los últimos cinco años del 11% al 13,4%, la situación ha sido a la inversa en la receta privada, descendiendo más de tres puntos.

El trasvase de las recetas prescritas por un médico de una compañía privada a las recetas de la Seguridad Social puede hacerse por dos mecanismos diferentes. El más habitual de ellos, consiste en que el propio asegurado acude a su médico de zona para solictarle que, sin reconocimiento ni diagnóstico de ese facultativo, se limite a prescribirle en una de las recetas oficales lo que ya le ha sido indicado por su médico particular. Para evitar este sistema, en las últimas semanas la dirección provincial del Insalud en Madrid ha distribuído una circular por centros de salud y ambulatorlos en el que se recuerda a los facultativos la ilegalidad de esa práctica.La otra fórmula de fraude consiste en la práctica de aquellos médicos que trabajan en ambos sectores y dispensan recetas en su consulta privada con talonarios de la Seguridad Social, según explica José Conde, que se perfila como uno de los máximos candidatos para ser nombrado hoy director general del Insalud en sustitución de Jesús Gutiérrez Morlote.Personal diferente

Conde, que ya ocupó ese puesto en una etapa anterior, considera por ello que si sale adelante el proyecto del actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, de dar más protagonismo al sector privado se deben regular los conciertos de manera que los facultativos del sector público no trabajen en el privado y a la inversa.

"Es imprescindible que no se comparta personal", subraya Conde, tras manifestarse partidario de la nueva línea marcada por el ministerio. Aunque "en modo alguno", matiza, "la sanidad privada, con la excepción de instituciones prestigiosas como la Fundación Jiménez Díaz, puede ser, en su conjunto, una alternativa para el sector público".

El protagonismo que piensa dar la Administración al sector privado se debe, según varias fuentes, a las quejas planteadas sistemáticamente desde ese sector por el descenso del gasto sanitario privado. Sin embargo, el informe de la Comisión Abril señala que ese descenso no es cierto. La principal escollo encontrado por los redactores del informe en el sector privado ha sido "la escasez de fuentes y la ocultación, en gran parte por motivos fiscales. En consecuencia, el gasto del sector privado está, en parte, infravalorado, dado que es muy difícil estimar el nivel de defraudación de profesionales e instituciones".

Entre otras irregularidades en el sector privado, el informe destaca el contencioso suscitado tras la venta de Sanitas, una de las compañías de mayor implantación. La operación, realizada a finales de 1988, se encuentra actualmente en los tribunales tras presentar los actuales propietarios, la compañía inglesa Bupa, cinco demandas y una querella criminal contra Marcial Gómez Sequeira, antiguo accionista. En ellas, se le acusa del delito de falsedad y apropiación indebida, así como de haber causado perjuicios a la sociedad que ascienden a 1.350 millones de pesetas.