Comisión del diputado: una ventanilla sin abrir

Por una u otra razón, la posibilidad de que el Congreso juzgue el comportamiento de un diputado o deje fuera de toda sospecha la honestidad de uno o varios miembros de la Cámara está todavía por utilizar. Nadie ha tenido a bien comparecer ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que vio ampliadas sus competencias para estos menesteres al objeto de evitar que cada vez que surgiera una situación de sospecha se creara una comisión de investigación.La iniciativa partió del CDS el 13 de febrero de 1990, defendida con vehemencia por su portavoz parlamentario, Alejandro Rebollo, a raíz de la negativa del PSOE de crear una comisión de investigación por el llamado caso Juan Guerra. En esa sesión plenaria se emplazó a la Mesa del Congreso para que elaborara unas normas que especificaran la naturaleza de los casos que podía juzgar la Comisión del Estatuto.

Éstas vieron la luz cuando estalló el caso Naseiro y después de que el Grupo Popular pidiera que se creara una comísión de investigación sobre ellos mismos. El PSOE se opuso, y fue cuando de nuevo se recordó que existía la ventanilla de la citada Comisión del Estatuto.

El portavoz de Convergencia i Unió, Miquel Roca, intervino en un pleno del Congreso de los Diputados para invitar a los populares a que utilizaran esa vía para demostrar que nada tenían que ocultar. El Partido Popular se desmarcó y dijo que o una comisión de investigación o nada.

Empresas investigadas

Ahora es Izquierda Unida el grupo que, después de meditar por dónde podía meter el diente al asunto de la financiación del PSOE, recordó que el nombre más citado es el del diputado Carlos Navarro, por lo que se le pide que acuda a la Comisión del Estatuto y explique su presunta vinculación con las empresas Malesa, Filesa y Time Export.

Todo induce a pensar que tampoco esta vez se considerará oportuno, con el argumento de que nada tiene que ver el cargo de diputado de Carlos Navarro con sus presuntas actividades empresariales. Lo cierto es que hasta ahora las presuntas irregularidades económicas que se han atribuido a algunos diputados nada tenían que ver con su condición de parlamentarios, que es el requisito imprescindible que marca la norma.

Si se mantiene su actual redacción, es obvio que ésta no es la vía para juzgar responsabilidades políticas.