El Gobierno autónomo ratifica que hay irregularidades graves en el psiquiátrico de León
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno autónomo de Castilla y León comprobó el pasado viernes en el transcurso de una visita al hospital psiquiátrico Santa Isabel de León -la primera que realiza el Ejecutivo regional- la existencia de serias irregularidades en el tratamiento dado a los enfermos. Estos son atados con correas de cuero a radiadores y camas, se utilizan camisas de fuerza y reciben electrochoques sin anestesia, según comprobó EL PAÍS.
Otras irregularidades descubiertas por el Gobierno autónomo son la ausencia de programas de rehabilitación y reinserción social, así como que los internos se encuentran mezclados sin tener en cuenta su patología. EL PAÍS comprobó también que los alimentos que consumen los internos proceden de los fondos de la Comunidad Europea para la Cruz Roja. Los responsables de Salud Pública reconocen tras esta rápida inspección un "mal funcionamiento" del hospital, con "un desorden funcional importante" que lleva al descontrol en el sistema de guardias y a la ausencia de consultas al margen de las prácticas desechadas en la psiquiatría moderna.La Junta dará un plazo de seis meses a la dirección del psiquiátrico para que se corrijan tales irregularidades e inicie el proceso de reconversión del centro. José Luis Useros, director general de Salud Pública, manifestó que ordenará una auditoría en la que se incluirá la actualización de las historias clínicas de los enfermos (200 de los 450 llevan en el hospital unos 26 años).
Posibles expedientes
Además, una comisión de seguimiento evaluará la situación social y psiquiátrica de los internos. Useros señala que una segunda inspección del hospital, más "en profundidad", determinará la posible apertura de expedientes sancionadores, así como el posible traslado del caso a la autoridad judicial.El presidente de Cajaespaña, Luis García Arribas, dijo ayer a EL PAÍS que la dirección de la entidad bancaria, propietaria del hospital, "no tenía constancia" de las irregularidades descritas por este periódico. Después de dos días de silencio, Cajaespaña afirma, en un comunicado distribuido ayer, que no entra en cuestiones del trato que reciben los enfermos.
Tras esto resalta -junto a las pérdidas de más de 274 millones de pesetas en 1990 y las obras de reforma por valor de 491 millones de pesetas- que Cajaleón (fusionada con Cajaespaña), "de forma reiterada", ha ofrecido la transferencia del psiquiátrico a la Diputación Provincial y a la Junta sin haber obtenido éxito en sus pretensiones". Cajaespaña argumenta esa propuesta afirmando que "la evolución social y económica hacía anacrónico y contraproducente el mantenimiento y control por parte de una entidad privada de un centro asistencial de las características del sanatorio Santa Isabel".
Por otra parte, miembros de UGT del comité de empresa del centro, representantes de la ejecutiva provincial de la FSP y otros trabajadores se encerraron en el centro durante la madrugada del sábado en reivindicación de mejoras laborales que acaben con la situación actual.
