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Editorial:

24 lamentos por segundo

SE VUELVE, por enésima vez, a hablar de la crítica situación por la que atraviesa el cine en España. El último texto, suscrito por la práctica totalidad de las asociaciones profesionales y sindicales del sector, fue entregado el pasado viernes al Gobierno. En el mismo, y tras señalar los problemas endémicos que afectan a la industria, se pide el cumplimiento de los compromisos administrativos y el respeto de los convenios con RTVE. Lo paradójico del asunto es que el descenso en la producción de las películas se realiza simultáneamente con la masificación del consumo de las mismas. Los videocasetes y, sobre todo, la demanda cinematográfica de las televisiones han modificado los circuitos tradicionales de exhibición. Un dato: según el Ministerio italiano del Espectáculo, el 60% del total de las programaciones de las televisiones de la CE se nutre de ficciones cinematográficas. En resumen, el cine no sólo no está en baja, sino que cada vez existe una mayor demanda del producto.Bien, pues cuando la Europa comunitaria es más consciente que nunca de la necesidad de lo cinematográfico para satisfacer la demanda popular a la vez que se convierte en elemento cultural clave frente a la industria norteamericana -hoy, parcialmente, en manos japonesas-, RTVE, sin otra explicación que su necesidad de reducir gastos, ha roto unilateralmente un compromiso contraído con el Ministerio de Cultura para contribuir a la financiación y compra de filmes españoles. Firmado en el verano de 1989, para aplicarse desde 1990, se fijaba una inversión por RTVE de 12.000 millones de pesetas en la industria audiovisual española: 10.000 millones destinados a producciones televisivas y 2.000 millones para cine. El hecho es así de simple y de duro: en lo que llevamos de 1991 no hay noticia de que TVE haya invertido ni un solo céntimo en cine.

El volumen de negocio que el sector audiovisual tiene hoy en la Europa comunitaria es más que considerable y su tendencia al crecimiento va a ser, por fuerza, imparable en los años que se avecinan. Nadie lo pone en duda. El sector audiovisual alcanza este año en la CE un volumen de negocio de alrededor de cuatro billones de pesetas. En España (incluyendo cine, televisión y vídeo) nos movemos en este terreno en cifras de alrededor de 300.000 millones de pesetas. Todo indica, por consiguiente, que, frente a la vieja tesis derrotista de que el cine estaba condenado a desaparecer, lo que ocurre es todo lo contrario: no sólo está condenado a sobrevivir, sino a ganar energía progresivamente. Tiene, pues, asegurado un lugar en las estrellas. Pero nada de esto parece concernir a RTVE, preocupada tan sólo por que les cuadren sus libros de cuentas a sus directivos y no en contribuir, como es su deber inexcusable en cuanto organismo estatal, a la resolución de un problema vital para la cultura y la imagen de España: el desarrollo de nuestro sector audiovisual, encabezado por el cine.

La propia CE ha elaborado instrucciones específicas -acordadas el 3 de octubre de 1989 y firmadas por España, que entrarán en pleno vigor en octubre próximo- en las que se fijan algunos de los objetivos y normas de actuación a que han de atender las respectivas televisiones públicas de todos y cada uno de los países comunitarios dentro del campo de la industria audiovisual. Se trata de instrucciones muy precisas, que no dejan ni el menor resquicio a la duda. Concretamente, en los artículos 4 y 5 de este texto legal comunitario, se dice que es función esencial de todas las televisiones estatales fomentar el desarrollo de las industrias audiovisuales nacionales, así como promover y difundir cada cultura audiovisual.

El Ente Público RTVE puede contestar a esto -y eso es lo que está contestando con su silencio y hechos- que su forma de autofinanciación mediante publicidad ha teñido de rojo los números finales de su balance y que sus compromisos de inversión en cultura audiovisual son por ello papel mojado. La cuestión real es la de saber si una entidad pública tiene ante todo que estar a la altura de sus tareas indeclinables, y ésta -el desarrollo del sector audiovisual- es una de ellas. Si falla el sistema autofinanciador de RTVE, es responsabilidad de sus directivos buscar otro o trasladar el problema, si se les escapa de las manos, al centro de decisión política que tenga capacidad para resolverlo, que es el Gobierno de la nación. Lo que en ningún caso puede hacer es desentenderse radicalmente del cine español, y menos en tiempos en los que la evolución del mercado la implica cada vez más en su irrenunciable responsabilidad como elemento esencial de la producción y exhibición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de junio de 1991