España se opone a que la CE fije las reservas naturales de conservación obligatoria

España se opone a que las reservas naturales de protección obligatoria sean decididas por mayoría en la CE y por criterios exclusivamente ecológicos, sin tomar en cuenta necesidades de desarrollo. "Si quieren establecer una gran reserva natural en nuestro suelo, que la paguen" afirma un responsable del Gobierno. El objetivo de la CE es reservar al menos el 15% de la superficie de cada Estado miembro.

Tal medida servirá para construir Natura 2000, una red de zonas especiales de conservación del hábitat. En el caso de España, más de la mitad del territorio nacional se ve afectada por los baremos comunitarios.Los ministros de Medio Ambiente de la CE -en representación de España acudió el secretario de Estado, Vicente Albero- iniciaron ayer en Luxemburgo el debate sobre el proyecto de directiva de hábitats naturales y seminaturales, una propuesta de 1988 y que se encuentra todavía a la espera del consenso. De la discusión que se durará hasta hoy no se espera acuerdo.

Natura 2000 tiene que ser decidido por unanimidad, aunque la CE prevé que luego bastará la mayoría cualificada para designar las reservas naturales para la conservación del hábitat y la protección de la flora y la fauna salvaje en cada país. En el caso de España y otros países del sur, donde más de la mitad del suelo entra dentro de los baremos proteccionistas de la Comunidad, se admite la excepción de poder utilizar criterios diferentes de selección. Sin embargo, el desacuerdo se resolvería por mayoría.

Conflicto Norte-Sur

La clave de enfrentamiento entre los países del Sur de la CE -los únicos con abundancia de zonas escasamente pobladas y alta riqueza natural- y los del Norte es una vez más el dinero. La Comunidad prevé crear un nuevo instrumento de financiación, el Programa Life, que englobará los ya existentes, como el de protección del Mediterráneo y el de acciones de conservación de la naturaleza, y el de nueva creación (NORDSPA) para la conservación de las costas del Mar del Norte.

En total la Comunidad prevé un coste ecológico de 64,5 millones de ECUs (9.385 millones de pesetas) al año, totalmente insuficiente, según España, si, aparte de los objetivos ya en marcha, se pretende financiar las reservas naturales de la CE. El parque natural de Europa previsto por la Comisión Europea tendrá una extensión equivalente a la superficie unida de Bélgica y Luxemburgo. La Comunidad prevé destinar a este proyecto poco más de 2.000 millones de pesetas al año. Por eso el Gobierno argumenta que si cada país tiene que pagar el financiamiento del nivel de vida de la población que habite en esas "zonas especiales de conservación", entonces la decisión deberá estar vinculada a su propia planificación del desarrollo.

La directiva sobre Natura 2000 tropieza con los diferentes intereses de los Doce. España se resiste a conceder el voto por mayoría en materia de medio ambiente a la CE para no verse obligada a unas inversiones ecológicas que no entran en las prioridades del Gobierno. La misma dificultad tienen los Doce para aprobar la etiqueta ecológica que pretende implantar la Comisión Europea a algunos productos. Los diversos procedimientos a estudio no garantizan que el sistema no se convierta en un método para eliminar la competencia extranjera.

Donde sí hay consenso es en el reglamento para prohibir la importación de pieles de animales salvajes cazados con cepo. Este procedimiento de captura quedará prohibido en la CE a partir del 1 de enero de 1993. Para las pieles importadas, la mayoría baraja la fecha de 1995.