Un presunto fraude de ley
La financiación de un partido por medio de donaciones encubiertas es un fraude de ley, según fuentes jurídicas consultadas. Las limitaciones a las donaciones son muy serias, tanto en la letra como en el espíritu de las leyes vigentes. Ello es así porque, a diferencia de otros países, los grupos parlamentarios acordaron en España financiar a los partidos con dinero público.Por eso tienen tanta importancia los datos del ex contable de Time Export y de Filesa, SA. Según los documentos en su poder, en 1989 este grupo de empresas logró facturar cantidades elevadas. La multitud de investigaciones anunciadas tendrá que determinar cuales fueron las razones de que el Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo, pagara un asesoramiento para la implantación de un sistema de leasing a una consultora desconocida, que forma parte de un grupo de empresas en el que trabajan seis personas; o los motivos por los que el Banco Central pagó 120 millones a otra consulta no menos desconocida, nada menos que por un estudio sobre fusiones bancarias. A estos interrogantes sobre el flujo de dinero al tinglado empresarial Filesa / Time Export / Malesa se une la presunta utilización del mismo para pagar algunos de los servicios que necesitaba el PSOE en época electoral. Al privatizar parte de sus gastos electorales, un partido político consigue presentar gastos menos abultados al Tribunal de Cuentas y sortear las estrictas limitaciones legales de realizar donativos privados a los partidos políticos.
Según las leyes, cada persona física o jurídica puede donar un millón de pesetas por cada campaña, con un límite anual de 10 millones de pesetas. Los 55 millones facturados por la imprenta Hauser y Menet a Filesa, por "material publicitario para la Campaña 1989", o los más de ocho millones pagados por Filesa a la constructora Seinlosa, por el alquiler de dos meses del comité electoral del PSOE, pueden superar, por sí mismos, tales límites legales.
