El fiscal del Estado, dispuesto a pedir una auditoría sobre la actividad financiera del PSOE

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, está "decidido" a pedir una auditoría especial sobre la actividad financiera del PSOE, según ha manifestado a personas de su entorno. Esa solución ha sido estudiada para el caso de que el informe encargado a la fiscalía del Tribunal de Cuentas -actualmente en proceso de redacción- no arroje datos concluyentes. Consejeros del Tribunal de Cuentas aseguran que este organismo no tiene voluntad de "inhibirse" de la investigación ni de darle carpetazo, aunque dudan sobre la efectividad de esta eventual auditoría especial a un partido político.

El momento es oportuno, para que el Tribunal de Cuentas ejerza una tarea de control más estricta que la realizada en años anteriores. La contabilidad general de los partidos de 1988 aún no está terminada, ni tampoco la de 1989, lo cual proporciona la ocasión de realizar un trabajo más intenso sobre las recientes denuncias de donativos encubiertos al PSOE. Esas denuncias afectan a puntos tan concretos como el pago del alquiler del comité electoral, de vídeos usados por dicho partido y de material propagandístico para la campaña de 1989.No hay precedentes de una auditoría específica del Tribunal de Cuentas sobre un partido, al margen de los informes regulares que se vienen realizando sobre las campañas electorales y la contabilidad general de los partidos.

Algunos consejeros del Tribunal de Cuentas, consultados por este periódico, creen que la auditoría tendría que limitarse a la documentación del PSOE, y no podría extenderse a las empresas que supuestamente le entregaron fondos de modo encubierto. Sin embargo, la Fiscalía del Estado estima que el Tribunal de Cuentas está facultado para llegar "hasta donde sea necesario", incluidas las empresas desde las que, se sospecha un flujo financiero irregular hacia el PSOE.

La clave, en cualquier caso, reside en una eventual investigación de Hacienda, esencial para clarificar qué factura es cierta y cuál es falsa, puesto que las ha conocido por el cobro del IVA. Fuentes jurídicas precisan, no obstante, que si no se hubiera liquidado el IVA existen métodos periciales para determinar la autenticidad de las facturas. Sobre la investigación de Hacienda persiste un manto de silencio, a causa de los problemas políticos que plantea una indagación directa de los servicios que dependen del ministro de Economía, Carlos Solchaga, sobre la financiación del aparato del PSOE. Y sin embargo, esa investigación de Hacienda va a ser difícil, de evitar, tras los indicios de fraude fiscal que se aprecian en la documentación sobre Malesa, SA entregados a la prensa por el denunciante de este escándalo, Carlos van Schouwen, ex contable del citado grupo de empresas.

Ocultación de datos

Mientras se despejan las dudas sobre la investigación oficial, una simple indagación privada en los registros públicos arroja datos sorprendentes respecto al entramado Malesa / Filesa / Time Export y sus sociedades participadas, que no son sino la pantalla tras la que se oculta el "corazón económico" del PSOE, según personas que han estado vinculadas a las finanzas socialistas de períodos anteriores.

Así, la participación del dirigente socialista Josep Maria Sala en la empresa Time Export no fue comunicada nunca al registro mercantil. Sala reconoció a este diario haber comprado dicha sociedad por una cantidad simbólica -una peseta, según creía recordar- junto con el responsable de finanzas del PSC, Carlos Navarro, y haberla vendido un año después, también por una cantidad simbólica: 400 pesetas. (Véase EL PAÍS, 31 de mayo de 1991). Ninguno de estos datos coincide con los existentes en el registro público, según los cuales Time Export fue fundada en 1978 con 400.000 pesetas y posteriormente no se ha producido variación alguna de capital.

Las otras dos sociedades, Malesa y Filesa, han sufrido también una extraña trayectoria. Ambas compañías fueron constituidas, simultáneamente, el 11 de febrero de 1988. La primera de ellas declaró un capital social de 500.000 pesetas y ese mismo día invirtió 200.000 en la creación de Filesa, SA. El resto del capital de esta última fue aportado por Manuel Alberich Olivé y Luis Oliveró (50.000 pesetas cada uno).

Un año después de Su fundación, el capital de Filesa, SA sufrió un repentino aumento: 9,7 millones de pesetas. No se declaró la entrada de nuevos accionistas, sino que el drástico incremento de capital fue suscrito por los socios fundadores, según los datos aportados al registro mercantil. El ex contable de Filesa, Carlos van Schouwen, afirma que esta empresa fue comprada realmente por el abogado madrileño Alberto Flores Valencia, -hermano de la dirigente socialista Elena Flores-, quien tampoco figura en el registro público como propietario, sino, exclusivamente, como director.

El fuerte aumento de capital mencionado en Filesa, SA se produjo después de una capitalización todavía mayor por parte de su matriz, Malesa, SA, que el 2 de enero de 1989 vio incrementado su capital en 14,5 millones, respecto al modesto medio millón que tenía hasta ese momento. Tampoco en este caso hubo entrada de nuevos accionistas, sino desembolso directo y proporcional de los que ya, lo eran con anterioridad. El contraste de tales datos con Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores ha sido imposible por ahora.

Por otra parte, Alberto Pérez López, coordinador de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco) presentó ayer una querella criminal contra los dirigentes socialistas Carlos Navarro y José María Sala "porque ningún partido ni institución de derecho público o privado tomó la iniciativa" en este caso.