La Fiscalía de Madrid pide mayor castigo para conductas como la de 'El Dioni'

La Fiscalía de Madrid ha pedido al Gobierno que modifique la legislación de los delitos contra la propiedad para que los jueces puedan imponer penas mayores para conductas como la de Dionisio Rodríguez Martín, El Dioni, cuyos alardes de "presunción y jactancia", según la Fiscalía, han provocado "alarma social en la conciencia ciudadana".

El comunicado de la Fiscalía de Madrid dirige duras críticas a El Dioni por erigirse en "centro de atención de los medios de comunicación, a los cuales llega a exigir cantidades importantes de dinero por la exclusiva de sus andanzas". La Fiscalía entiende que los "alardes" de El Dioni, sus exigencias a los medios de comunicación y los 140 millones de pesetas no recuperados y "posiblemente en su poder", representan "una imagen contraria a toda ejemplaridad social".Sin embargo, el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Silva, anunció que no recurrirá ante el Supremo la sentencia que condenó a El Dioni a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida de 298 millones ya que, después de estudiarla detenidamente, la considera. "correcta y ajustada a Derecho". Silva únicamente lamentó que el tribunal no ampliase: la condena al máximo permitido, cuatro años y dos meses, "lo que hubiese evitado el escarnio de una libertad tan sonora e inmediata a la sentencia dictada".

En tono de indignación, Jesús Silva comentó: "No es justo que se. castigue lo mismo robar un millón que cien. La gente está desconcertada y tiene la impresión de que el tribunal ha dictado una sentencia demasiado benévola. Aunque la sentencia es ajustada a Derecho, no es justo que esta persona ande jactándose por ahí, con 140 millones esperando".

Silva también criticó, sin nombrarle, al abogado de El Dioni, Emilio Rodríguez Menendez y consideró inadmisible que éste esgrimiese como argumento de defensa que la actuación de un delincuente sea "admirable" y que haya sido "el pueblo español" el que le ha absuelto, ya que lo realizado por él "sería lo que 98 de cada cien trabajadores desearían hacer". También lamentó el perjuicio económico sufrido y el "desprestigio" que ha supuesto el caso para las empresas de seguridad y "el buen nombre de sus honrados trabajadores". La petición al Gobierno ha sido cursada a través del Fiscal del Estado, que la incorporará a su Memoria anual.