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El reparto de las ganancias obtenidas de 1985 a 1990

JULIO ALCAIDE INCHAUSTI

Con alguna frecuencia he podido oír, y hasta leer, que los beneficios económicos obtenidos en el quinquenio expansivo de la economía española (1985 a 1990) no se han repartido equitativamente y que los auténticos beneficiados han sido el capital y los empresarios. Dicha tesis, que pudo motivar la huelga del 14 de diciembre de 1988, no aparece avalada por la realidad de los hechos y los números. Es evidente que, analizando el problema desde la vertiente individual, pueden existir muchas personas agraviadas en la medida que personalmente no hayan alcanzado mejora de su renta real del 15%, que es la ganancia media obtenida por cada ,uno de los residentes españoles, en el referido quinquenio. También es cierto que, a la sombra de la expansión económica, algunas personas o familias han logrado beneficios excepcionales. Pero el análisis de cómo se han repartido funcionalmente los beneficios de la expansión dice muy claramente que el máximo beneficiario fue el sector público, cuya renta disponible creció, en términos reales, nada menos que el 64,5%, lo que, naturalmente, hizo que. el resto de las rentas se situaran por deba o del crecimiento medio.Dos problemas

El lector puede encontrar en el cuadro de distribución funcional de la renta nacional disponible, correspondiente. a los años 1985 y 1990, los datos básicos de mi argumentación. La distribución funcional en 1985 procede de la. nueva serie de contabilidad nacional (INE), base 1985. La de 1990 se ha elaborado a partir del avance del propio INE (evolución de las principales magnitudes macroeconómicas, primera estimación del año 1990) y con los datos contenidos en el informe anual del Banco de España Dos problemas adicionales se plantean en la elaboración de dicho cuadro. El primero es distribuir, en términos netos, la renta familiar disponible, en la medida que los impuestos directos pagados por los hogares no aparecen diferenciados según el origen de las rentas. Teniendo en cuenta los datos figurados en las memorias de administración tributaria, se ha partido de la siguiente distribución del impuesto directo sobre las familias: 57,9% a sueldos y salarios, 31% a rentas mixtas y de capital, 10,5% a prestaciones sociales y 0,6% a rentas transferidas del exterior. Es posible que esta estimación pueda corregirse. Peffi en este caso la modificación que pudiera hacerse, al afectar a 1985 y a 1990, terminaría por tener escasa inciden cia en lo que tratamos de añalizar, es decir, la distribución funcional de la ganancia obtenída: por la economía nacional. en el último quinquenio.

El segundo punto discutible es el defiactor a aplicar para detectar los beneficios reales alcanzados por cada función de renta.. Existe un deflactor común para el PIB o la renta nacional bruta disponible, que es el defiactor implícito M PIB, que en el quinquenio analizado registró un aumento equivalente al 41,8%. Para las rentas de trabajo y las prestaciones socia-les quizá podría haberse utilizado el IPC (deflactor de los precios de consumo). Pero, en la medida que este defiactor (36,8%) resulta inferior al de] PIB, 'liabría manifestado mayor crecimiento real de las rentas de trabajo, lo que no parece justo en la medida que alguna parte de las rentas de trabajo pueden haberse destinado a la inversión en vivienda, con defiactor más elevado.

El resultado de este análisis lleva a la conclusión de'que las familias españolas participaron con el 55, 1 % en el crecimiento de la renta nacional del quinquenio. Que las Administraciones públicas lo hicieron en el 33,8% y que el ahorro empresarial se benefició del 11, 1 %.

Juzgar si tal distribución es equitativa o no corres ponde a la sociedad y a sus. representantes. Desde mi personal punto de vista la mejora alcanzada por el ahorro empresarial, inferior a la media, ha sido fundamental para financiar la nueva inversión productiva que ha permitido la crea ' -ción de 1.709.000 empleos. netos (1.943.500 empleos asalariados), aunque el 701/o de los nuevos empleos asalariados lo fueran con contrato temporal.' Sí, como apuntan los datos de la Central de Balances del Banco de España, el excedente de explotación, de1as empresas tiende a reducirse, su efecto se acusará en la tasa de crecimiento del empleo.

El sector público

Un dato que no puede desconocer la sociedad española es que la renta disponible de las Administraciones públicas, que en 1985 representaba el 13,4% de la renta nacional bruta, ha pasado a significar el 17,60/o/ en 1990. Todo ello sin tener en cuenta la doble devolución del, IRPF en dicho año. Cuatro puntos porcentuales de crecimiento, que supone un cambio fundamental para la economía española y la distribución de su renta. La sociedad española ha apostado por este cambio. trascendental, pero tendría que ser consecuente con su decisión. La renta disponible de las Administraciones públicas, unida al déficit de dichas Administraciones es lo que permite financiar el consumo público (enseñanza, sanidad, seguridad, defensa, justicia y servicios públicos generales) y la inversión pública (obras de infraestructura en general y transferencias de capital a las empresas públicas con pérdidas). Son los ciudadanos los que con su voto optan por una mayor o mejor dimensión del sector público. Lo que es inevitable es que el aumento del gasto público tenga incidencia en el resto de rentas le la sociedad.

Las familias españolas, los hogares españoles, cuya renta equivalía en 1985 al 72% de, la renta nacional bruta, han p articipado sólo con el 55,1% en la ganancia de renta lograda en el quinquenio. Es la consecuencia de la mayor ganancia obtenida por el sector público.

Dentro de los cuatro epígra fes en que hemos diferenciado la renta familiar disponible, se observa cómo fueron las rentas de trabajo, con incremento real del 21%, quienes resultaron más beneficiadas en la distribución del incremento de renta familiar del quinquenio. Le siguen las prestaciones sociales con aumento del 20,2%, siendo inferior al incremento de las rentas mixtas y de capital, percibidas por los hogares españoles que fue del 17,1%.

A la vista de estos resultados,

aparece evidente el gran error en el que incurren los.que sostienen que el reparto de los beneficios derivados de la expansión económica del último quinquenio, no ha tenido un claro sentido redistributivo. El gasto público, si es razonablemente administrado, es el mejor recurso de que dispone cualquier Gobierno para co rregir los desajustes en la distribución de la renta. Otra cosa es que el mayor gasto público logre promover la mejora del bienestar social, que debería ser coherente con el sacrificio hecho por la so ciedad.

Sin embargo, por lo que se refiere a la distribución funcional de la renta familiar disponible, referida al quinquenio analizado 1985 a 1990, es necesario matizar sobre su,s componentes. Lossueldos y salarios netos han crecido en el,quinquenio, defiactados por el índice de precios implícito del PIB, el 2 1 %. Pero ek empleo asalariado ha aumentadó el 26,5%. Según este dato, se llegaría a la conclusión de que la renta por asalariado ha disminuido, lo que no es cierto. La retribución media de los nuevos empleos es sensiblemente inferior a la de los que ya tenían trabajo antes de 1.985. Las estimaciones realizadas apuntan a un aumento real de los salarios por persona en tomo al 2,3%, equivalente a una tasa anual acumulativa del 0,5%. Lo que en cualquier caso evidenciaría que ha sido el colectivo de nuevos empleos el que ha absorbido la mayor parte del crecimiento en la rúbrica de sueldos y salarios del último quinquenio. La ganancia del 20,2%, atribuida a las prestaciones sociales, también hay que ,enmarcarla con el crecimiento del 13% en el número de beneficiarios (pensionistas, desempleo y subsidiados agrarios). Por último, él menor crecimiento del 17, 1 % en las rentas mixtas de profesionales, autónomos y empresarios y en las rentas de capital (rentas puras de capital y las atribuidas a las viviendas de uso privado) hay que considerarlo en el ámbito de la caída del empleo no asalariado que disminuyó el 6,6%, especialmente como consecuencia de la disminución en el número de agricultores.

Desajustes sociales

Parece que el cambio en la estructura de la población española y las asignaciones de renta que de ello se derivan, son las causas principales de los desajustes que la sociedad detecta, pero que dificilmente son achacables a un esquema menos equitativo en el modelo de reparto.

La mayor participación en la renta nacional disponible de las Administraciones públicas, es la consecuencia del modelo político: propiciado por los electores. El sostenimiento de un nivel de ahorro adecuado de las empresas y sociedades es condición indis-. pensable. para una economía en .expansión, como intenta ser la española.

En cuanto al reparto del resto de la renta entre las familias, se ha adaptado razonablemente a los esquemas derivados del crecimiento delempleo asalariado y de los hechos demográficos, como la incorporación de jóve-' nes al mercado de trabajo y el envejecímiento de la población.' Hechos que no cabe corregir, sin introducir desajustes que terminarían por ser lamentables. La peor lección que se deriva de este análisis es que la pugna en el reparto de la renta propicie,el crecimiento de los precios, lo que a nadie favorece.

es estadístico y economista. Colabora con la Fundación FIES y el BBV.

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