La reforma fiscal liberará de presentar la declaración a más de un millón de contribuyentes

Un millón de contribuyentes del impuesto sobre la renta y otros 300.000 de patrimonio no tendrán que hacer la declaración en 1993 -sobre los ingresos de 1992- tras la reforma fiscal aprobada por el Parlamento. La razón es que se ha elevado a un millón de pesetas en renta y a 15 millones en patrimonio los límites mínimos para declarar. Tanto las rentas del trabajo como las del capital pagarán menos impuestos, mientras se espera que la reforma de la tributación de empresarios y profesionales se traduzca en un mejor cumplimiento con Hacienda. El ministerio confía además en que la regularización fiscal haga aflorar el dinero negro y señala que mientras dure el proceso "no habrá tregua por parte de la inspección".

Hacienda ha decidido poner el acento en la lucha contra el fraude y seguir el criterio de que a menor presión fiscal los contribuyentes pagan más y de mejor gana. Éste es el camino emprendido por la reforma de los impuestos sobre la renta y el patrimonio aprobados en el Parlamento y que entrarán en vigor en 1992 con efectos prácticos en la declaración que hay que presentar en junio de 1993.El primer alivio será para aproximadamente un millón de contribuyentes de renta que no acanzan el millón de pesetas de ingresos -1,2 millones para declaraciones conjuntas y pensionistas- y que no tendrán que declarar. La obligación seguirá para 10 millones de contribuyentes de renta que superan este límite. En patrimonio, la elevación a 15 millones de pesetas del límite dejará fuera a otros 300.000 contribuyentes con lo que serán 600.000 los obligados.

La rebaja de la tarifa supondrá un ahorro global de 493.000 millones de pesetas para los contribuyentes ya que el tipo mínimo se reduce al 20% y el máximo al 53% con un compromiso de dejarlo en el 50% a partir de 1993. Para los trabajadores existirá el doble beneficio de elevar al 5% la deducción por gastos de difícil justificación -con un ahorro global de 99.000 millones de pesetas- y de hasta un máximo de 68.000 pesetas de desgravación en cuota -con un menor desembolso de 88.000 millones de pesetas-.

Las rentas del capital, sobre todo el pequeño ahorro no especulativo, también saldrán beneficiadas con la reforma ya que los rendimientos que no tributan -con un coste para Hacienda de 19.000 millones de pesetas- se sitúan en 25.000 pesetas. A ello hay que añadir un tratamiento más suave de las plusvalías y de los rendimientos de planes de ahorro que no tributan hasta el millón de pesetas.

Coste de 409.000 millones

Como contrapartida, la reforma ha eliminado la deducción variable -matrimonios con declaración conjunta- con un ahorro para Hacienda de 298.000 millones de pesetas. En total, la reforma fiscal supondrá para el Estado unos menores ingresos de 409.000 millones de pesetas en renta y un aumento de 13.000 millones en patrimonio.La compensación de este coste se producirá por una mejora de la tributación de los empresarios y profesionales, por la afloración del dinero negro y por la puesta en marcha de la Agencia Tributaria, según Hacienda. Para 1992 está previsto que 13 sectores económicos -agrupados en restaurantes, cafeterías, bares, comercio al por menor, autoservicios, taxis y farmacias-, donde se encuentran unos 420.000 empresarios, empiecen a tributar por un nuevo sistema. Consistirá en determinar los beneficios por módulos -superficie, potencia instalada y número de trabajadores-, en lugar de por las ventas como hasta ahora.

Con ello se trata de corregir la descompensación que supone un impuesto que se nutre, al 75,9%, de las rentas del trabajo y en el que el 90% de los empresarios declaran beneficios inferiores a los dos millones de pesetas.

La regularización fiscal por el doble sistema de complementarias sin intereses y el canje de pagarés del Tesoro y forales por un nuevo activo público -deuda especial- es otro de los caminos para equilibrar el impuesto. Según afirmó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, "las complementarias sólo podrán presentarse por quienes no tengan abierta una inspección fiscal y ésta comienza desde el momento en que se recibe una citación".