Manifiesto de más de 100 juristas y expertos en drogas contra la sanción de su consumo en público

Más de 100 magistrados, penalistas y profesionales de los centros de rehabilitación de toxicómanos de toda España han suscrito un manifiesto en el que consideran un retroceso de consecuencias nefastas el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que prevé sancionar el consumo público de drogas, porque, si se aprueba, dificultará aún más la rehabilitación de los toxicómanos e incrementará su marginación. Los firmantes del manifiesto consideran que la medida será completamente inútil a los efectos que se propone y, en cambio, la persecución policial sólo conseguirá agravar la situación del eslabón social más débil, el de los consumidores que ya sólo tienen la calle como refugio.

La sanción del consumo de drogas en público está recogida en el proyecto de ley sobre la Seguridad Ciudadana presentado recientemente por el Gobierno y fue discutido ayer en el Consejo de Ministros. El proyecto de ley ha originado discrepancias entre los departamentos de Justicia e Interior. Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado también favorable a la sanción del consumo público de drogas.El documento ha sido promovido por los autores del informe Repensar las drogas, vinculados al Grup Igia de Barcelona, y está firmado por responsables de los servicios de atención a los toxicómanos de distintas administraciones e instituciones públicas, así como expertos en el ámbito de la prevención, entre los que figuran José María Fàbregas, Jordi Royo, Luis San, Francisca Mata, Víctor Martí, Manuel Alcalde, Marta Morrall, Jordi Vila Abadal, Cristina Rimbau y Juan Pallarés.

Persecución policial

Entre los juristas destacan los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Alberto Jorge Barreiro, Manuela Carmena, Jesús Fernández Entralgo, Ramón Sáez y Ramiro Ventura, y los catedráticos de Derecho Penal Enrique Gimbernat, Francisco Muñoz Conde, José Luis Diez Ripollés, Juan Bustos Ramírez, Mercedes García, Borja Mapelli, Juan Carlos Carbonell, María Luisa Maqueda o Fermín Morales.Los firmantes quieren hacer patente, según afirman, su "radical oposición a un planteamiento que tan sólo añadirá problemas, que supondrá una mayor marginación y que, finalmente, ni tan sólo será posible ponerlo en práctica".

Consideran que el problema de la drogadicción tiene motivaciones sociales e individuales profundas: "Hacer que un joven se inyecte heroína en un lavabo inmundo en lugar de hacerlo en la calle no es ningún avance humano". "Incrementar la persecución sobre los que fuman canutos sentados en las aceras es tan sólo añadirles conciencia de persecución y conflicto. Si hoy ya no vienen a los recursos de asistencia, mañana lo harán menos".

Uno de los obstáculos de las medidas de rehabilitación es precisamente la dificultad de contactar con los sectores de toxicómanos más deteriorados, que ni siquiera reclaman asistencia. Esos serían, precisamente, según los autores del manifiesto, los más afectados por la nueva normativa. "Lo más sangrante de la propuesta es que, una vez más, se trata simplemente de una persecución policial contra aquellos que sólo tienen vida de calle, que hacen de los adoquines, del metro o de los bares benévolos, su casa".

La propuesta puede convertirse en "un instrumento para acosar a los más débiles", y además de violar derechos reconocidos por la Constitución, es inútil, según los firmantes, porque "la persecución sistemática del consumo es inviable y genera más problemas de los que resuelve. Primero, porque sólo destinando ingentes efectivos policiales podría conseguirse algún efecto. Segundo, no parece que aquellos que ya han tenido que marginarse, prostituirse o delinquir para obtener la sustancia, tengan fondos y cuentas corrientes para pagar las papeletas de multas que se les van a imponer

Golpe a la solidaridad

En opinión de los firmantes del manifiesto, "con la persecución del consumo se vuelven a ocultar los verdaderos problemas" de la drogadicción, se olvidan problemas de salud infinitamente mayores que la imagen de un parque sucio y con jeringuillas" y "se convence todavía más a la sociedad de que los llamados toxicómanos son seres indeseables que no debe aceptar en su seno"."Estamos a punto de asestar el golpe final a la solidaridad. Podemos abandonar definitivamente el abordaje racional de nuestros problemas sociales", concluyen.

A principios del pasado febrero, medio centenar de jueces, catedráticos y profesores de Derecho Penal, entre los que figuraban varios firmantes del actual manifiesto, presentaron en Sevilla una alternativa a la actual política sobre las drogas, que se concretaba en la aplicación a los estupefacientes y psicotrópicos del control administrativo recogido por la nueva Ley del Medicamento.