La Comisión de Libertades e Informática rechaza la futura ley de datos personales

La Comisión de Libertades e Informática (CLI) -organismo que agrupa a nueve asociaciones de técnicos y usuarios de la Informática, sindicatos y colectivos jurídicos y humanitarios- manifestó ayer su "profundo desacuerdo" con el borrador de anteproyecto de ley orgánica sobre tratamiento de datos personales elaborado por el Gobierno. La CLI considera que la recogida y tratamiento informático del origen racial, opiniones políticas, salud, vida sexual y otros datos sensibles "contradice radicalmente" la Constitución.Para la presidencia colegiada de la CLI, el borrador "contiene disposiciones restrictivas e incluso anticonstitucionales". Entre los ejemplos concretos por los que el borrador vulnera "el espíritu y la letra de la Constitución" la CLI se refiere a la recogida y tratamiento informático para fines policiales o por disposición legal de "los datos que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, y los que hagan referencia a la salud y a la vida sexual".

Una trampa

Asimismo, la CLI considera que son "excepciones injustificables" a la regla general de la protección de los datos personales, la exclusión del ámbito de la ley del Registro Central de Penados y Rebeldes y la supresión de la información debida al ciudadano sobre conocimiento de la finalidad y destino de sus datos, cuando tal información "impida el cumplimiento de las funciones de control y de verificación de las Administraciones Públicas". Otero declaró que la amplitud de esta excepción "es una trampa para dejar sin contenido la ley".Otra objeción se refiere al Comisario de Protección de Datos, dependiente del Gobierno. La CLI razona que, "por un lado, el poder ejecutivo no puede ser juez y parte y, por otro, la complejidad de la materia y su impacto sobre el conjunto de la sociedad hacen necesaria la creación de un órgano autónomo, plural y representativo".

Otero manifestó que la figura del comisario es "como mandar el lobo a cuidar de las ovejas". La CLI reprochó también la inexistencia de responsabilidades civiles y penales, ya que el borrador sólo prevé sanciones administrativas, incluso para aquellos casos en que la recogida de datos se produzca "de forma engañosa y fraudulenta". En cuanto al organismo de control, la CLI considera más adecuado el modelo francés, "mucho más extendido en la legislación comparada por su independencia y carácter representativo".