Barrera burocrática

DESDE EL pasado día 15, los magrebíes que viajan a España (marroquíes, argelinos y tunecinos) se enfrentan a una nueva barrera burocrática en la realización de su propósito: la exigencia del visado. La medida afecta, en principio, a 1,2 millones de personas, de las que 900.000 son marroquíes, y se exime de ella a los 3,5 millones que visitan cada año las ciudades de Ceuta y Melilla y los 600.000 marroquíes residentes en otros países de la CE que transitan por España en periodos vacacionales.Para España era difícil posponer durante más tiempo una decisión que venía aplazando desde hacia dos años. La proximidad del mercado único europeo, con la correlativa desaparición de las fronteras interiores de la CE para personas, capitales y mercancías, apenas deja ya tiempo para poner en pie las barreras exteriores que sustituyan a aquéllas, y que deben estar a punto el 1 de enero de 1993. España había sido hasta ahora, junto con Dinamarca, el único país de la CE que no aplicaba la directiva comunitaria de exigencia de visado a los magrebíes. Sin duda, para nuestro país, la decisión tenía un alcance mucho mayor que para el resto, salvo quizá Francia, que cuenta con una fuerte población emigrante del citado origen.

La condición fronteriza de España con los países del Magreb, Ceuta y Melilla y las especiales relaciones hispano-marroquíes hacían particularmente delicada la adopción de la medida. Pero no tomarla implicaba el riesgo de ir creando en el territorio español una densa bolsa de emigrantes magrebíes a las puertas del resto de los países de la CE y de atraer sobre ella la desconfianza de estos últimos sobre su capacidad para poner en práctica las directivas comunitarias de control fronterizo. De otro lado, España está interesada desde hace algún tiempo en integrarse en el Grupo de Schengen, formado por seis países comunitarios que se han adelantado al resto en la supresión de las fronteras internas. Sin embargo, tal propósito era inalcanzable para España entre tanto no diera garantías de que sus fronteras exteriores quedarían selladas de acuerdo con las exigencias comunitarias.

Pero admitido el ineludible compromiso español a cumplir la legislación de la CE sobre emigración exterior y a asumir sus responsabilidades en la materia, ello no quita que intente hacerlo compatible con las exigencias derivadas de sus especiales relaciones con los países del Magreb, y muy particularmente con Marruecos. El cumplimiento de la normativa comunitaria no puede implicar que España se convierta en instrumento de la particular política sobre extranjeros de determinados países comunitarios. En este sentido, España debe cuidar especialmente el que la. exigencia de visados no ensombrezca sus relaciones con los países norteafricanos y no obstaculice en el futuro la fluidez de sus contactos y el desarrollo de los acuerdos de todo tipo que mantiene con ellos.

En principio, España ha intentado contrarrestar la exigencia de visados con su disposición a regularizar la situación de los 70.000 emigrantes marroquíes ilegales existentes en su territorio. Pero no está claro que este propósito no se quede en agua de borrajas atrapado en las numerosas trampas administrativas que se tiende al extranjero. Los sucesos de Vic y otros similares de expulsión de emigrantes marroquíes hace algunos meses muestran las dificultades con que se enfrenta en la práctica cualquier política de acogimiento humanitario. En todo caso, el papel de España como guardián de uno de los tramos más extensos de la frontera exterior comunitaria no debería anular el tradicional talante de Europa de sociedad abierta y tierra de acogida.