¿Qué evaluación?

El pasado mes de abril se cumplieron cinco años de la promulgación de la Ley General de Sanidad (LGS), que supuso un gran avance legislativo en el terreno sanitario. También se cumple el plazo marcado a la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, creada por el Parlamento a instancias del Centro Democrático y Social, para la realización de su informe.Es necesario subrayar la importancia y los contenidos fundamentales de la LGS para poder comprender mejor el carácter de los análisis y evaluaciones del Sistema Nacional de Salud que la LGS creó.

Puede decirse que la LGS ha recogido la mayoría de las inquietudes progresistas para dar un tratamiento coherente a los problemas de salud y a la asistencia sanitaria, a la utilización de los recursos públicos y a la descentralización en el nuevo Estado de las autonomías.

Voluntad política

Hasta entonces, los diversos intentos de reforma sanitaria se habían frustrado. El atraso de las infraestructuras, la desorganización y fragmentación de los diversos patrimonios, gestión y cobertura, la variada contraposición de intereses institucionales y corporativos, etcétera, requerían los requisitos de autoridad, capacidad y voluntad política que sólo el PSOE, tras su victoria electoral de 1982, podía tener.Los grandes rasgos de la LGS corresponden a las líneas preconizadas por la Organización Mundial de la Salud y a las aspiraciones de los sectores progresistas: la salud como columna vertebral de la política sanitaria; la atención primaria de salud como base del sistema sanitario; el área de salud como instancia geográfica, de planificación y de gestión básicas, para la articulación entre la atención primaria y la especializada; la descentralización de los servicios de salud de las comunidades autónomas, y, en fin, el Sistema Nacional de Salud como el nuevo modelo organizativo integrador de todas las estructuras y servicios públicos.

Es evidente que cualquier análisis y evaluación sobre el Sistema Nacional de Salud basado en la equidad, calidad y eficiencia no sólo iba a abordar cuestiones técnicas (elaborando, midiendo y ponderando indicadores sobre los objetivos establecidos), sino también cuestiones políticas relacionadas con los procedimientos y objetivos propugnados por el él.

Por tanto, ni puede dejar de considerar el proyecto político y social que lo sustenta y el nivel de desarrollo político y normativo de la ley ni puede sustraerse a una valoración hecha con las posiciones políticas de sus autores. O lo que es lo mismo, la imbricación de evaluación técnica y valoración política es inevitable.

Por ello, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública creemos que es el momento de hacer una valoración sobre el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Porque con la sola promulgación de la LGS no bastaba para hacer la reforma sanitaria, y era necesaria además una firme actitud por parte de los responsables sanitarios, capaz de tomar las iniciativas políticas y legislativas necesarias para su desarrollo y que contase con un amplio apoyo entre la población receptora de los servicios y entre los profesionales sanitarios.

En este sentido, la política del Ministerio de Sanidad y Consumo no ha estado a la altura del desafío político que suponía la LGS, y no ha sabido transmitir a los ciudadanos el mensaje transformador que la ley contenía, y tampoco ha logrado tener el apoyo de quienes desde el principio estaban en las condiciones materiales e ideológicas para darlo: el personal que trabaja con dedicación exclusiva para el sistema sanitario público.

Crisis económica

La LGS precisaba también de un soporte económico que nunca tuvo la expresión debida en los Presupuestos Generales del Estado. Sin duda que en ello ha influido la crisis económica dentro de un periodo de reestructuración industrial, pero también lo ha hecho la falta de prioridad política que el Gobierno ha dedicado a los aspectos más socializadores y solidarios de su proyecto social. Y es que la LGS respondía en lo básico a un planteamiento de Servicio Nacional de Salud que está en contradición con las posiciones neoliberales y conservadoras.En esta situación, cinco años después de su publicación en el BOE, podemos constatar que, junto a indudables avances en la línea anunciada por la ley, como la casi financiación global a partir de los Presupuestos Generales del Estado, la universalización casi total de la asistencia sanitaria, la extensión de los cenros de salud, la dedicación exclusiva alsistema público de la mayoría de los facultativos, etcétera, existen grandes lagunas del ordenamiento jurídico que son indispensables para alcanzar los objetivos de calidad, equidad y eficienci que se pretendían, y que estaban diseñados para ser grandes articuladores del Sistema Nacional de Salud: el estatuto marco del personal, que debería ser la base para una nueva política laboral; el plan integrado de salud y los planes de salud de las comunidades autónomas, que habrían de coordinar los objetivos sanitarios y asistenciales; el desarrollo del Consejo Interterritorial, que tendría que mantener la unidad de criterios y coordinar las actuaciones de los servicios de salud de las comunidades autónomas; protocolos de homologación y acreditación de los centros privados para establecimiento de conciertos, etcétera.

En esta problemática política y administrativa surgió la iniciativa parlamentaria del Centro Democrático y Social que condujo a la creación de una comisión de análisis y evaluación del Sistema Naciorial de Salud que, bajo la presidencia de Abril Martorell, debería concluir este mes su trabajo.

Lo verdaderamente sorprendente es que esta comisión trata de evaluar un Sistema Nacional de Salud que apenas ha tenido comisiones de expertos de otros países (Reino Unido, Suecia, etcétera). Por eso lo que nos preocupa de cuanto pueda señalar esta comisión no es tanto el análisis de los numerosos problemas existentes, con ser esta aportación muy valiosa por la cualificación de sus miembros y los recursos de que ha dispuesto, como su visión y valoración de los problemas sanitarios que puedan redefinir el desarrollo de la LGS con la legitimidad más que probable de una aprobación parlamentaria.

Podrían plantearse dos alternativas: que la comisión hiciese una evaluación con la perspectiva del desarrollo del Sistema Nacional de Salud que supusiera la crítica de lo que se hizo y de lo que no se ha hecho para su reactivación más eficiente, o que su evaluación sea o se interprete con una óptica regresiva, coincidente en buena parte con. la línea política y social que hoy tiene el Gobierno.

Doble aval

Éste podría obtener el doble aval de la comisión y de un consenso parlamentario para una nueva etapa de su política sanitaria que logre simultáneamente resolver las contradicciones a las que le aboca el desarrollo coherente del Sistema nacional de Salud.Sin embargo, a cinco años de una ley insuficientemente desarrollada, debemos esperar que muchas aportaciones de la comisión promuevan una nueva reflexión en el sentido de fortalecer la equidad (clave de una política sanitaria progresiva), se eleve la calidad de los servicios y se disponga de los medios para una mayor eficiencia con mecanismos de planificación, racionalización y competencia dentro del sistema público.

Estos mecanismos, como muchas autoridades han señalado, pueden eliminar incentivos perversos, contener más adecuadamente los costes y obtener mejores resultados globales que cualquier alternativa de privatización.