El pacto de los montes

El Partido Popular y el PSOE han pasado cuatro años hablando de la necesidad de un pacto autonómico, y al final quedó pendiente hasta después de estas elecciones. En el mandato que ahora termina se han producido hasta tres intentos de llegar a un acuerdo. Pero lo frustraron sucesivamente la crisis de Alianza Popular (luego PP), los acuerdos de ese partido y el CDS contra los alcaldes socialistas y la anticipación de las elecciones generales. El momento adecuado nunca duró lo suficiente.

Los Gobiernos que salgan de estas elecciones deberán, ahora sí, afrontar la reforma de sus competencias, acordar la nueva financiación territorial y, muy probablemente, cerrar el mapa de las televisiones autonómicas. Al fondo siempre se dejará ver una palabra: federalismo.Las comunidades que ahora celebran elecciones suman, entre las 13, un presupuesto de cerca de dos billones de pesetas. Un billón menos que las otras cuatro, duro arriba o duro abajo. La diferencia entre las competencias de unas y otras es la causa de que Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía administren más de la mitad de la tarta.

Estas circunstancias han sido abono de reIvindicadores y regionalistas, que han obtenido escaños autonómicos merced al apoyo de una buena parte de los electores (Partido Aragonés, Unión Mallorquina, Unión Valenciana, Agrupaciones Independientes Canarias, Extremadura Unida, Partido Regionalista de Cantabria ... ). Incluso algunos barones autonómicos de los dos grandes partidos han peleado por ese espacio político.

Así lo hizo José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León, quien propuso la reforma de su estatuto; y una iniciativa semejante nació desde Asturias, donde gobernaba el socialista Pedro de Silva. Posteriormente, aunque sólo mediante declaraciones y sin abrir una batalla, se mostraron acordes con esa idea Joaquín Leguina (Madrid), José Bono (Castilla-La Mancha), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y Carlos Collado (Murcia).

El Gobierno de Aznar aprobó una propuesta de reforma del estatuto y con ella se definió la política de Alianza Popular (luego PP). En cambio, el PSOE ha discrepado durante todos estos años, merced a una de las resoluciones de su 31º congreso. La asamblea socialista decidió que la ampliación de competencias autonómicas siguiese la vía del artículo 150 de la Constitución: es decir, el Estado transfiere o delega sus competencias mediante una ley orgánica (como se hizo en 1981 para ampliar los techos de la Comunidad Valenciana y de Canarias). De esta forma, la iniciativa corresponde al Gobierno, y es el Gobierno el que decide qué se debe transferir.

El PP, por el contrario -coincidiendo con los partidos regionalistas-, defiende la reforma de los estatutos. De ese modo, la iniciativa corresponde a los Gobiernos regionales, y ellos son los que fijan las materias de discusión.

Así que el acuerdo resultaba difícil.

En este proceso resulta clave ahora la reunión que mantuvieron en Toledo el pasado septiembre los principales barones socialistas de las regiones con menor desarrollo autonómico (entre ellos, Bono, Rodríguez Ibarra, Joan Lerma, De Silva y Carlos Collado). Todos ellos elaboraron una ponencia que obtendría después el respaldo del 32º Congreso del PSOE. Ese texto no establece una vía única para la ampliación, sino que permite cualquiera de las dos. Paradójicamente, la anterior postura fue defendida repetidamente por Joaquín Almunia, que ya no es ministro para las Administraciones Públicas. El camino ha quedado, pues, libre de obstáculos reales o imaginarios.

¿Qué es lo que las comunidades autónomas de techo más bajo quieren tener que no tengan ya? Principalmente, la competencia sobre dos terrenos de gran responsabilidad de gestión y enorme presupuesto: la sanidad (el Insalud) y la educación. No obstante, los traspasos sanitarios ofrecerán problemas, porque llevarán aparejadas dificultades financieras (las que ahora soporta el Estado). Además, algunos Gobiernos reclamarán competencias en recursos hidráulicos y ordenación del territorio.

El mapa televisivo

El actual reparto del gasto público da a la Administración central cerca de un 61% de ese poder; a las comunidades, casi un 22%, y a los ayuntamientos, un 17%. El horizonte que se plantea el PSOE establece un reparto del 50% para el Estado y un 25% para cada una de las otras administraciones. La reforma de los estatutos dará probablemente a las regiones -en la primera etapaun 27% o 28% global, por lo que posteriormente éstas deberán ceder competencias a los municipios.

Después de la sanidad y la educación, uno de los servicios más golosos a los que aspiran estas comunidades es el tercer canal de televisión. Las primeras en obtenerlo serán probablemente Aragón y Murcia, que ya han iniciado las gestiones. Después, según fuentes socialistas, seguirán todas las demás, "porque ya se ha demostrado que no tienen por qué suponer un gasto y que pueden resultar rentables". Los principales problemas técnicos -y de costes- se presentarán en Canarias, por las características geográficas del archipiélago.

Durante la negociación, se hablará, según prevén las diversas partes, sobre la tendencia a la federalización. No obstante, en España el proceso resultará muy peculiar. Los Estados federales se han formado tradicionalmente a partir de unas soberanías inferiores. En cambio, la Constitución española señala que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español. Se trata, pues, de una soberanía única ya desde el origen.

Financiación

Igualmente, en el Estado federal las soberanías previamente existentes forman una organización superior que ejerce unas funciones iguales en cada territorio; y a su vez los Estados originarios tienen unas competencias comunes entre sí. El caso de España tampoco es ése. No parece previsible, por ejemplo, que Andalucíam se plantee una policía autonómica.

El País Vasco y Navarra disfrutan, por otro lado, de un sistema peculiar de financiación. En síntesis, se trata de que esas comunidades recaudan los impuestos de sus ciudadanos y luego le entregan una parte al Estado por los gastos de éste en esos territorios (el cupo y la aportación). En el resto de: España ocurre al revés: el Estado recauda y luego entrega a las regiones la parte que les corresponde. En el primer caso, la responsabilidad de la gestión recae en las Haciendas autonómicas. En el segundo, todos dependen de la capacidad recaudatoria. del Ministerio de Hacienda. Queda pendiente de ver si Cataluña, principalmente, aprovecha esta reforma autonómica para intentar una modificación de su sistema de ingresos.

El PSOE prevé que el punto de partida para las negociaciones sea el debate autonómico proramado para el otoño en el Senado. Esta vez, el calendario impone un tope: el final de año. En efecto, en enero ha de renovarse el acuerdo sobre financiación autonómica suscrito en 1986 para este quinquenio. El nuevo pacto financiero quedará en esta ocasión muy ligado a las nuevas necesidades de las regiones. Así pues, la foto del segundo gran acuerdo autonómico -el primero se Firmó en julio de 1981 - estará revelada en las Navidades.