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Editorial:

Huelgas y elecciones

EL BLOQUEO de los convenios colectivos en las grandes empresas públicas, principalmente las de transportes y comunicaciones, ha estallado en un rosario de huelgas en plena campaña electoral. Iberia dio el pistoletazo de salida el pasado día 7; siguió Telefónica el día 8; Aviaco tomó el relevo ayer; Renfe continuará entre los días 14 y 17, y posiblemente también el día 26, jornada electoral, si se consuma la amenaza de paro de los maquinistas. Iberia, por su parte, concluirá el ciclo huelguístico general el día 24. Para la gran mayoría de los ciudadanos, usuarios del tren, del avión y del teléfono, las promesas electorales de estos días no podrán dejar de relacionarse con los sinsabores ocasionados a su vida diaria por las restricciones y deficiencias en la prestación de estos servicios públicos esenciales.¿Es meramente casual o buscada a propósito la coincidencia de tan alta concentración conflictiva con el periodo de campaña electoral? Los sindicatos niegan cualquier intencionalidad política a su acción, pero algunos no dudan en atribuir a ciertos estrategas sindicales la ocurrencia de poner en relación el carácter público de las empresas con una mayor flexibilidad de sus directivos ante la posible repercusión del conflicto en el voto ciudadano. Es muy probable, sin embargo, que los sindicatos tengan razón y que sea más bien la campaña electoral la que haya coincidido con un periodo conflictivo que se repite año tras año por estas mismas fechas y por idénticos motivos. Es seguramente el carácter cíclico de las huelgas en la empresa pública lo más llamativo de todo. ¿A qué se debe que la negociación colectiva en el sector público vaya acompañada casi siempre de conflictos que inciden tan molestamente en la vida ciudadana?

Es posible que los sindicatos no duden en utilizar el daño a terceros, la ciudadanía, como instrumento de presión social para que los gestores públicos cedan a sus reivindicaciones. Pero también es probable que los gestores públicos hayan calibrado mal sus propuestas. No debe olvidarse que en las empresas privadas se han cerrado convenios colectivos que afectan a más de tres millones de trabajadores, con una subida media en torno al 8%, frente al aumento que ofrece el sector público: entre el 0% y el 5%. A ello se une la evidente incapacidad de unos y otros para fijar y respetar unos servicios mínimos aceptables.

El diagnóstico no ofrece dudas: el ejercicio del derecho de huelga en el sector público está lastrado por hábitos y prácticas contrarios a la compleja e interdependiente naturaleza de la sociedad moderna. Ni a los sindicatos, ni al Gobierno, ni a los gestores públicos puede dejar de preocuparles la situación. Unos y otros deben encontrar, más bien pronto que tarde, la fórmula que haga compatible el ejercicio del derecho fundamental a la huelga con el de los ciudadanos a no quedar desasistidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de mayo de 1991