¿Hasta cuándo con esta ley?

, MARÍA ÁNGELES DOMMUEZ Y JUSTA MONTERO¿Qué más necesita el Gobierno para plantear una nueva ley del aborto? ¿A qué estará esperando? La pregunta no es ociosa si tenemos en cuenta las recientes declaraciones del ministro de Relaciones con las Cortes en las que anunciaba, sin el menor reparo, que el Gobierno no tenía aún posición tomada y que cabía que optara por no introducir variación alguna al actual texto legal. Como si le tuviera una extraña querencia a la ley del aborto vigente desde 1985.

Cinco largos años han demostrado hasta la saciedad lo que ya el movimiento feminista vaticinó en cuanto tuvo conocimiento de la propuesta de ley del Gobierno: que no iba a solucionar el problema social del aborto en nuestro país. Se nos dijo que "era un problema de tiempo y que, al cabo de unos años, la bondad de la ley quedaría manifiesta". Los años transcurridos han demostrado justamente lo contrario de lo que auguraba el Gobierno. Por no cumplirse, ni siquiera se ha cumplido aquella promesa del presidente González de que nadie iría a la cárcel... Incluso el reciente indulto al ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría llegó demasiado tarde. No pudo evita la bochornosa imagen -más propia de una rancia película sobre quinquis que de los informativos de televisión de 1991- del ginecólogo rodeado de policías camino de la cárcel. Una imagen que tenía que haber sonrojado de vergüenza al propio González.

Objeción de conciencia

Las reiteradas peticiones del movimiento feminista para que se reconozca el derecho de las mujeres a abortar libremente y de forma gratuita en la red sanitaria pública han caído siempre en el saco roto gubernamental. Igual suerte ha corrido la constatación de que sólo tres o cuatro de cada 100 mujeres que abortan pueden hacerlo en los centros sanitarios públicos. Y ello gracias a una legislación que ampara la práctica de una más que dudosa objeción de conciencia de una abrumadora mayoría del personal sanitario. Profesionales de la medicina entre quienes se encuentran médicos que no le hacen ascos a practicar abortos en sus consultas privadas, previo pago de elevadas sumas de dinero.Tampoco el Gobierno parece sensible a las detenciones que se han sucedido en estos años de vigencia de la ley del aborto. Las irrupciones de la policía en las clínicas privadas legalmente acreditadas para la práctica de abortos han acabado siempre en el traslado a dependencias policiales o judiciales de mujeres que creían estar amparadas por la ley, de personal sanitario de los centros y de historiales clínicos que nunca deberían haber salido de las clínicas.

Para nada ha hecho variar la posición del Gobierno socialista sobre su despenalización parcial del aborto que muchos de los procedimientos Judiciales incoados hayan acabado sentando en el banquillo de los acusados a mujeres y médicos Como si de presuntos delincuentes se tratara. Igual suerte han corrido las sentencias condenatorias que se han dictado estos años por parte de magistrados que -conviene no olvidarlo- siempre se han escudado en el texto legal que permitía, y permite, esas interpretaciones, por muy restrictivas que sean. Cuando puso en sus manos la ley del aborto, el Gobierno no desconocía el talante ideológico de la mayoría de los miembros de la judicatura de este país.

Una ley obsoleta

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para emprender la reforma legislativa que la obsolescencia de la ley de despenalización parcial del aborto de 1985 viene pidiendo a gritos, acontecimientos de naturaleza muy diversa han venido a sumarse a los hasta aquí recordados.Hace ya 13 meses, una resolución del Parlamento Europeo decía: "Conviene combatir los nuevos casos de persecución y condena de mujeres y médicos que practican la interrupción voluntaria del embarazo en países como España...".

Ese mismo mes de marzo, Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, aseguraba en Barcelona que el Gobierno iba a proceder inmediatamente a la ampliación de la ley del aborto. Como en la canción, todo ello pronto "quedó en el olvido" para la ministra y para el resto del Gabinete. Bien es verdad que todavía resonaban los ecos de la campaña impulsada por el movimierito feminista contra el juicio de Pamplona -el primero por un aborto legal realizado en un hospital del Insalud-, momentos en los que menudearon las declaraciones de conocidas militantes del PSOE a favor, incluso, de una ley de plazos para dar salida a una situación totalmerite insostenible.

El pasado mes de octubre, por iniciativa de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, un manifiesto por la normalización del derecho al aborto -que fue publicado en numerosos medios de: prensa diaria- recogía el apoyo de fuerzas políticas, organizaciones profesionales, sociales, sindicales, etcétera, a la exigencia urgen te de una nueva ley del aborto que reconociera el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de embarazos no desea dos, gratuitamente en la sanidad pública.

Nuevo Código Penal

A los pocos días se hacía pública la constitución de la Coordinadora Cívica por el Derecho al Aborto -amplia plataforma auspiciada por la Comisión Pro Derecho al Aborto-, que, entre otras actividades, ha jugado un papel fundamental en la consecución de los dos indultos del Gobierno (a Moisés Corrales, en febrero, y a Germán Sáenz de Santamaría, hace unos días). A su exigencia urgente de cambio legislativo, el Gobierno sigue haciendo oídos sordos.Y llegamos, finalmente, al reciente informe de la Fiscalía General del Estado que contiene duras críticas a la legalidad vigente en materia de aborto, señala los estrechos límites de la ley y destaca su inadecuación a las actuales necesidades sociales. El informe concluye planteando la necesidad de ampliar la ley actual. En sus últimas actuaciones, el propio fiscal general ha vuelto a dejar clara su posición favorable a dicha ampliación. Si a todo ello añadimos las reiteradas declaraciones de entidades del prestigio de la asociación Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales, se nos va cerrando el círculo de posibles respuestas a los interrogantes con los que iniciábamos este artículo. ¿Será que el Gobierno a quienes realmente está teniendo en cuenta para no modificar ni un ápice su ley es, una vez más, a los declarados enemigos del derecho de las mujeres a abortar? Las buenas relaciones cori el Vaticano, o el consenso con la derecha con vistas a otros asuntos del nuevo Código Pena¡ ¿pasarán por delante de la deferisa de la libertad de las mujeres a una maternidad deseada? ¿Hasta cuándo seguirá el Gobierno jugando a mantener con una mano una ley que permite a Jueces reaccionarlos dictar sentencias condenatorias, mientras con la otra concede indultos que permiten no cumplir esas misrnas sentencias? (Aunque ocurra, como ahora, que a esos jueces se les atragante un indultoy el indultado vuelva nuevamente a prisión bajo el imperio de la ley y de quienes la administran).