Susto telefónico

DE GOLPE y sin explicación previa alguna, los ciudadanos de este país son emplazados a comprender que la decisión gubernamental de subir las tarifas telefónicas en determinada cuantía, imprimiendo un giro de 180 grados a la política de precios hasta el momento seguida, no sólo es racional y ajustada a las necesidades técnicas, sino, además, progresista. Pero es la fe del carbonero lo que esos tecnócratas reclaman. Especialmente cuando fingen ignorar el pequeño detalle de que se trata de un servicio explotado en régimen de monopolio y cuya calidad brilla desde hace años por su ausencia.Los expertos han dictaminado que lo mejor para la economía, para Telefónica y para el país, es que las llamadas urbanas inferiores a tres minutos suban el 100%, que se reduzca en un 64% el precio de las periféricas -entre poblaciones de los cinturones metropolitanos-, en un 50% el de las interurbanas y en un 6,8% el de las internacionales. No hay debate posible, todo está clarísimo, y además resulta que la subida media resultante de esas combinaciones es del 5,8%, algo tan perfectamente razonable como difícil de entender. En todo caso, la perestroika de los precios proporcionará un aumento de 37.393 millones de pesetas en los ingresos de la compañía, que en total ascenderán en 1991 a unos 957.000 millones de pesetas.

Los cambios, se nos dice, vienen a remediar un sistema de tarifas poco adecuado a los costes reales. Asegura la compañía que una llamada urbana de menos de tres minutos le cuesta a Telefónica nueve pesetas y sólo cobra 3,90 pesetas. (En el Reino Unido esta llamada cuesta 23,90 pesetas). También dicen que las periféricas de menos de tres minutos cuestan nueve pesetas y se cobran 21. Es decir, ahora descubrimos que vivíamos en un mundo al revés.

Pero éste no era el problema. La cuestión está en que las llamadas internacionales efectuadas desde España son muchísmo más caras que las realizadas desde el extranjero a nuestro país. Resulta que la próxima liberalización del mercado amenaza con que Telefónica pierda todo su negocio interriacional al aparecer una competencia mucho más económica y capaz. De hecho, esta situación ya se está produciendo y son muchas las multinacionales que ya emplean distintos procedimientos para evitar la costosa factura de la Telefónica española utilizando los sistemas de las compañías internacionales. Además, las directrices de la CE insisten en lo negativo de que unos servicios subvencionen a otros y en lo nefasto de que los precios no se correspondan con los costes.

A lo mejor la medida es acertada. Pero aceptar eso implica reconocer que la anterior política de tarifas era desastrosa. Y así habría que haberlo explicado: no hemos tenido más remedio que recurrir a estas medidas drásticas. Lamentamos las molestias y perjuicios económicos que les podamos causar. En cualquier caso, ya hemos prescindido de los gestores irresponsables. Es muy difícil con los datos disponibles saber quién será el pagano de la reforma. Pero no podemos olvidar que hace sólo unos días el presidente de la compañía expresó su temor de que la liberalización de las tarifas la iban a pagar los pobres.

No se vuelvan a equivocar hablando de las inversiones necesanas (en 1991, 571.600 millones de pesetas) ni de que la lista de espera se ha reducido de 503.000 solicitantes en 1989 a 250.000 para finales de este año. No estamos hablando de esto. Estamos pensando en cómo se puede funcionar y controlar un servicio público democráticamente aunque sea un monopolio.