Los colegios oficiales de médicos incumplen las normas comunitarias sobre ética profesional

¿Puede un colegio de médicos expulsar a alguno de sus afiliados por practicar un aborto? Las normas del Parlamento Europeo dicen claramente que no. A pesar de ello, José Fornés, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha aprovechado el caso Sáenz de Santamaría para presentar esa medida como la sanción idónea para los facultativos procesados por aborto. Esta postura, criticada tanto desde sectores sociales como dentro de la propia organización, ha abierto, de nuevo el debate sobre el papel de los colegios profesionales. Alberto Berguer, ex presidente de la OMC y autor del código ético actual, y Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía, ven necesaria una nueva ley que regule la colegiación

Fornés, presidente, por sólo un voto de diferencia sobre Berguer, de los 140.000 médicos colegiados en España, apoya el expediente abierto al ginecólogo en dos hechos: "Aunque el Gobierno le indultó, existe una condena del Tribunal Supremo", y "el aborto es un delito en nuestro código ético". Sobre esta base, amplió la amenaza de expulsión a todos los médicos procesados por esa misma causa.

"Me quedo asustado cuando oigo esas cosas. Fornés no conoce el Código de Ética y Deontología Médica aprobado en 1990, debería leérselo porque el aborto -a diferencia del código anterior- no se considera un delito. Lo recuerdo perfectamente porque redacté personalmente ese artículo y tuve que luchar a brazo partido con Gonzalo Herranz, presidente de la Comisión Deontológica de la OMC, que es del Opus Dei. Hay que recordar, además, que la aplicación de sanciones máximas va contra las normas de la CE", dice Berguer.

En efecto, la resolución sobre deontología profesional aprobada por el Parlamento Europeo en 1988 pide que "los colegios de médicos que dispongan de un derecho disciplinario específico, se limiten a pronunciar avisos y amonestaciones. Las sanciones más graves, como la suspensión temporal, deben reservarse a los tribunales ordinarios".

Consejos éticos

Aboga, además, porque los temas biomédicos sean tratados por "consejos éticos en los que todas las partes interesadas, incluidos los pacientes, estén representadas sin que predomine ninguno de los grupos que los integren". Para los temas relacionados con la reproducción, como son aborto y fertilización in vitro, la CE considera que los colectivos de mujeres deben formar parte de esos consejos. La Comisión Deontológica de la OMC ha incluido entre sus miembros a un jurista, pero las de los colegios provinciales siguen integradas exclusivamente por médicos.

Para abrir un expediente como el que tramita el Colegio de Médicos de Málaga a Sáenz de Santamaría, las comisiones deontológicas pueden obrar de oficio o a instancias de parte. Pero, de hecho, se usa casi exclusivamente esta segunda vía. "Sólo se actúa de oficio cuando se trata de un escándalo notorio. En procesos por aborto, donde el margen legal es muy resbaladizo, lo mejor es lavarse las manos y no actuar", explica Alberto Berguer.

De hecho, aunque Fornés afirmó a EL PAÍS que tiene a gala ser el servidor que como presidente del colegio de Valencia abrió un expediente a Pere Enguix", absuelto la pasada semana del delito de aborto que se le imputaba, son excepciones los médicos juzgados por sus colegas por esa causa. En Navarra, el Colegio Oficial de Médicos no llegó a abrir expediente a áinguno de los tres facultativos juzgados en enero de 1990 en la Audiencia Provincial de Pamplona por un presunto aborto ilegal. A este colegio pertenece Gonzalo Herranz, presidente de la Comisión Deontológica de la OMC.

El colegio de médicos se limitó a difundir durante el proceso un comunicado en el que criticaba la realización de abortos, informa Mikel Muez desde Pamplona. Ignacio Sánchez Nicolay, presidente del colegio, señaló que éste nunca ha expedientado a sus colegiados por motivos relacionados con esa práctica médica. Fornés -hombre cercano al ex presidente de la OMC y militante del PP Ramiro Rivera- afirma que los colegios actúan, independientemente del tipo del delito, en aquellos casos en que los médicos son condenados.

"No es cierto", dice Berguer, "Ramiro Rivera fue condenado a cuatro años de inhabilitación profesional en 1987, y su amigo Javier Matos, presidente del colegio de Madrid, ni siquiera convocó a la comisión deontológica". Antonio Pedrol, presidente de la Unión Profesiónal, organización que aglutina a los consejos profesionales, afirma que "es muy delicado opinar desde la distancia sobre las sanciones. Yo he ofrecido públicamente al Defensor del Pueblo que me mande representantes suyos a la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados para que vea como actuarnos". Pedrol considerajustificado el indulto del Gobierno al ginecólogo. "Posiblemente la capacidad que tiene el colegio de sancionar debe limitarse", concluye Berguer.