Debate aplazado
LOS SOCIALISTAS han decidido retrasar otra vez el debate sobre la nueva Ley del Servicio Militar. Primero fue por la inminencia de la remodelación del Gobierno; luego -razonablemente-, para evitar su coincidencia con la guerra del Golfo, y ahora, porque se teme que la coyuntura electoral favorezca desenfoques demagógicos de una cuestión que requiere del máximo consenso posible. Sería lamentable que tal cosa ocurriera, pero el sistema democrático no es algo que se pueda tomar a trozos, según convenga o no. Es a los ciudadanos a quienes corresponde juzgar si determinadas propuestas son en exceso electoralistas o demagógicas. Pretender evitar esos males colocando la venda antes de la herida es contradictorio con los criterios de libre competencia electoral.De hecho, la iniciativa de elaborar un documento de trabajo sobre la reforma de la mili fue consecuencia del debate público que se inició en vísperas de las elecciones de 1989, a raíz de las propuestas sobre el servicio militar planteadas por el CDS. De aquel primer debate se obtuvo la conclusión, compartida por todas las fuerzas políticas, de que el actual modelo de servicio militar había dejado de ser válido. A partir de ahí, cada cual plantea sus propias fórmulas. La opción hoy defendida por el PSOE (y apoyada con matices por el Partido Popular) está basada en el perfeccionamiento del actual esquema -mantenimiento de la mili obligatoria y aumento del porcentaje de voluntarios especiales- a través de tres ejes fundamentales: la reducción del servicio militar de 12 a nueve meses, la reforma del propio servicio -que impedirá la realización por los quintos de tareas diferentes a las relacionadas estrictamente con la defensa- y, como novedad menos conocida, la posibilidad de que los jóvenes puedan elegir, dentro de un limitado abanico, el momento de su incorporación a filas, el ejército al que servir, el lugar e incluso la actividad a desarrollar.
Pero el debate planteado actualmente en la sociedad va más lejos y se circunscribe genéricamente al dilema mili obligatoria o ejército profesional. El conflicto del Golfo ha aportado argumentos complementarios a quienes, en España y en otros muchos países, venían sosteniendo que el modelo de ejército de conscripción había. quedado superado. La participación en la crisis de buques de la Armada -pese a que este ejército mantiene un elevadísimo porcentaje de profesionales- levantó una agria polémica nacional que puso de manifiesto que el rechazo a la mil¡ obligatoria se incrementa notablemente cuando existe la posibilidad de que soldados de reemplazo puedan ser enviados a un hipotético frente. Al respecto, cabe recordar el fuerte aumento de objetores de conciencia registrado en nuestro país a raíz del conflicto. Entonces es posible que el debate no deba ya plantearse desde la perspectiva de cuál es el modelo óptimo de defensa para España como desde esta otra: qué modelo viable de defensa está dispuesta a aceptar la sociedad española. Pero además ese mismo conflicto ha demostrado que, si bien se han alejado las hipotéticas amenazas directas contra el territorio español -y, por tanto, una posible intervención militar de ciudadanos españoles frente a ellas-, cada vez aparecen más próximas las posibilidades de que las Fuerzas Armadas españolas se vean obligadas a participar en conflictos alejados.
Y esa, eventual participación requeriría ejércitos con un alto nivel de especialización técnica; es decir, de profesionalización. Es posible que el resultado fuera, como ha adelantado el presidente del Gobierno, reaccionario: un ejército integrado exclusivamente por los sectores sociales más desfavorecidos. Y si bien ello podría aplicarse también a la policía o a la Guardia Civil, se trata de un argumento respetable. Digno, en. todo caso, de ser discutido. Hagámoslo de acuerdo con las normas del sistema democrático y en la mejor coyuntura posible. Pero hagámoslo.
