El debate de la 'Mili'

Desde el Ministerio de Defensa se ha insinuado en reiteradas ocasiones que el crecimiento del número de objetores se debe al fracaso de la Oficina para la Prestación Social, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que sólo ha llamado, desde la entrada en vigor del Reglamento de la Prestación, a unos 2.000 objetores. De los 70.000 objetores restantes, 20.000 fueron pasados a la reserva por real decreto hace año y medio, estando los 40.000 restantes o en prórrogas o en situación de disponibilidad, sin que el Ministerio de Justicia esté en condiciones de llamar a la prestación, al menos a corto plazo, a tal cantidad de objetores acumulados.Aun cuando desde Defensa se argumenta que ello ha convertido la objeción en un chollo y se presenta como la causa de su incremento, puede argumentarse justo lo contrario.

El no saber cuántos años de espera tendrá que aguardar el objetor desde que es reconocido por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) hasta que la Oficina para la Prestación lo cite para incorporarse, es también un temor que disuade de objetar a muchos jóvenes.

Tal vez tendrían que plantearlo al revés desde el Ministerio de Defensa: lo que no funciona es la mili Los jóvenes no quieren ir a ella ni como quintos forzosos ni como voluntarios cobrando.

¿A qué se debe el fracaso experimentado en los últimos anos en el voluntariado normal y especial, que no se han cubierto ni la mitad de las plazas previstas?

Principios anacrónicos

En muchos acuartelamientos se sigue tratando a los soldados como seres privados de cualquier derecho, que pueden ser sancionados, castigados y humillados con impunidad. La sociedad cambió mucho en las dos últimas décadas, pero las Fuerzas Armadas siguieron con unos valores y principios totalmente anacrónicos. Es cierto que las leyes han cambiado, pero al no establecerse mecanismos para denunciar los abusos, los aspectos positivos de la legislación, en lo referente al trato y dignidad de los soldados, no se ha plasmado en la práctica. También es cierto que actitudes como el golpismo han desaparecido de los cuarteles pero la forma y mentalidad de trato hacia los reclutas en muchos lugares ha variado poco. Es posible que otras generaciones aceptasen estoicamente el paso por la mili, pero los jóvenes de hoy ya no se muestran tan dispuestos a pasar esos 12 meses perdidos que significa el servicio militar.

El envío de soldados de quinta al Golfo, opción que rechazaron los restantes países europeos que enviaron tropas al conflicto, ha provocado que el número de objetores crezca aún más. Incluso se ha provocado un nuevo conflicto con la justicia al declarar el fiscal general del Estado que se persiga a quienes apoyamos e incitamos a la deserción. En Cataluña, lugar donde tales llamadas tuvieron más éxito, los jueces y fiscales militares y civiles se han pasado mutuamente la pelota de un delito que nadie quiere juzgar.

Si el fiscal general desea que se persiga a quienes apoyan e incitan a cometer actos de indisciplina, debería empezar por las cerca de 5.000 personas que se han autoinculpado de encubrir insumisos y hacer apología de la insumisión. Ahora hace un año, el juez militar de Pamplona, deseoso de sacarse de encima uno de los dos problemas políticos que. han caído en manos de la justicia castrense -el otro es el encarcelamiento de guardias civiles del SUGC-, planteó una "cuestión de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional para que aclarase a qué jurisdicción correspondía juzgar la negativa a cumplir la mili.

El pasado mes de marzo, el alto tribunal ha convalidado la constitucionalidad del artículo 127 del Código Penal Militar. Hasta la fecha, los jueces militares han estado haciendo la vista gorda con los cerca de 1.500 insumisos, encarcelando sólo a un centenar por periodos breves y juzgando por negativa a la mil¡ sólo a dos, que, por cierto,, no han sido llamados a ingresar en prisión. Fue precisamente el fiscal militar togado quien recomendó a los jueces militares que evitasen el encarcelamiento de insumisos.

En cuanto a los tres centenares de insumisos a la prestación social, es decir, aquellos que habiendo sido reconocidos como objetores por el Consejo Nacional de Objeción se niegan a incorporarse a la prestación sustitutoria, se da la paradoja de que las penas previstas por la ley de objeción son mucho más duras que las fijadas en el código castrense para desertores e insumisos. Por ello, el fiscal de Salamanca solicitó, en el reciente juicio a varios de ellos, la reducción de las penas establecidas. Recientemente, también se ha dado el caso de la juez de Toledo que, tras condenar a la pena mínima que fija la ley, ha solicitado el indulto.

Acabar con la 'mili'

En este contexto se debatirá, pues, la nueva ley de servicio militar. Si los jueces militares y (civiles empiezan a juzgar masivamente a los insumisos, aparecerán éstos como mártires del anacronismo que representa el reclutamiento forzoso. Si siguen como hasta ahora, demorando los juicios o emitiendo sentencias que ellos mismos reconocen injustas, les darán fuerzas y argumentos para proseguir con la, insumisión. Si se presiona al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) para que deniegue más solicitudes, crearán entonces más insumisos a la mili.

Ciertamente, el conflicto no tiene salida a corto plazo. La única solución sería acabar con la mil¡ obligatoria, pero, dada la falta de voluntarios, el Gobierno, con el apoyo del Partido Popular, la retrasa. Sea como fuere, tarde o temprano el Ejército será profesional y, aunque desde posiciones pacifistas también hay objeciones a ello, habremos conseguido, al menos, acabar con la pesadilla de la mili.

es objetor de conciencia.