Estado de la cuestion

TRAS UNA investigación Judicial de más de seis meses, Alfonso Guerra ha sido exculpado de responsabilidades penales. El juez encargado del caso Guerra ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las diligencias relativas a la utilización por el hermano del anterior vicepresidente del Gobierno de un despacho oficial desde el que supuestamente se realizaron negocios privados. Su inhibición a favor de dicho tribunal es consecuencia de su apreciación de que entre los posibles implicados en los presuntos delitos investigados figuran dos personas con fuero especial, dada su condición de diputados autonómicos. El delito en el que esas personas -dos antiguos delegados del Gobierno en Andalucía que consintieron la utilización del despacho por Juan Guerra- podrían haber incurrido es el de malversación de fondos públicos. Según la auditoría encargada por el propio juez, los gastos (de luz y teléfono, sustancialmente) ocasionados por la utilización del despacho por Juan Guerra entre 1983 y 1989 se elevarían a poco más de un millón de pesetas.El juez retiene su competencia sobre los aspectos del caso -eventuales delitos fiscales, por ejemplo no relacionados expresamente con la utilización del despacho. Y, en relación a dicha utilización, el juez evita pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la existencia o no de delito, limitándose a considerar que, en caso de haberlo, dos personas aforadas se encontrarían entre los posibles implicados. Otras personas (por ejemplo, el actual delegado del Gobierno, que ya lo era cuando Juan Guerra ocupaba aún el despacho) podrían resultar igualmente implicadas, pero, no tratándose de personas aforadas, el juez no tiene por qué referirse a ellas a los efectos de decidir su inhibición.

Tampoco es citado el ex vicepresidente del Gobierno, pese a la expresa petición de imputación presentada, en nombre de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, por la acusación particular. Ello significa que Alfonso Guerra ha sido exculpado y, por consiguiente, que el juez no aprecia indicios de responsabilidad de Guerra en la presunta malversación de fondos que ahora investigará el Tribunal Superior. En teoría, esa investigación podría obligar a reconsiderar la situación, en el sentido de apreciar responsabilidades penales del hermano de Juan Guerra. En tal caso, el sumarlo pasaría al Tribunal Supremo. Sin embargo, a la vista de los hechos conocidos y de los largos meses dedicados por el juez a la investigación del caso, esa posibilidad parece bastante remota. Así están las cosas en el aspecto judicial.

Políticamente, la situación es diferente. Al margen de que ello tenga o no correspondencia con alguna Figura delictiva, puede considerarse establecido lo siguiente: que Juan Guerra hizo negocios prevaliéndose de su condición de familiar y hombre de confianza del entonces vicepresidente. El que tales negocios se realizasen o no desde un despacho público tiene relevancia a efectos jurídicos, pero no es lo decisivo en el aspecto político. Si la dimisión de Alfonso Guerra acabó convirtiéndose en una exigencia democrática inexcusable fue porque se hizo evidente que el rápido enriquecimiento de su hermano fue consecuencia directa de la utilización interesada por él de ese parentesco. Que además lo hiciera desde un despacho oficial, lo que contribuía a reforzar la impresion de oficialidad de sus gestiones, constituye un agravante; pero la dimisión hubiera sido igual de obligada si los negocios y gestiones -habitualmente de intermediación a cambio de una comisión- hubieran sido realizados desde una oficina privada.

El hecho de que Alfonso Guerra cortase la relación con su hermano meses antes del estallido del escándalo avala la impresión de que desaprobaba su conducta. En el fondo, y aunque tal vez fuera comprensible que no hiciera pública ostentación de ello,el principal aval moral de Alfonso Guerra es esa ruptura de relaciones con quien hasta poco antes había sido su alter ego en Sevilla. Pero si desaprobaba la conducta de su hermano es que la conocía: sabía que se hacían negocios dudosos en su nombre, aunque fuera sin su consentimiento. Luego la única salida digna era la dimisión. Así acabó entendiéndolo el ex vicepresidente, aunque con casi un año de retraso.

Que el juez desista, de acuerdo con los métodos propios de la investigación judicial, de plantear una imputación penal no significa que dicha dimisión no estuviera justificada con arreglo a los criterios políticos. Pero, a su vez, el que Alfonso Guerra acabase dimitiendo no puede ser interpretado como un reconocimiento de culpabilidad, al modo como pretenden ciertos jugadores de ventaja acostumbrados a tomar simultáneamente todas las salidas posibles.