La Diputación de Guipúzcoa se plantea adjudicar la autovía a una empresa francesa

La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene en estudio adjudicar las obras de la autovía de Leizarán, que enlazará esa provincia con Navarra, amenazadas por la organización terrorista ETA, a una empresa constructora francesa. Representantes de esta firma se han trasladado ya en varias ocasiones a San Sebastián para conocer a fondo el proyecto y evaluar sobre el terreno los riesgos derivados de su posible implicación en el mismo.

El interés de las constructoras francesas por penetrar en el mercado español, la proximidad del escenario de las obras a la frontera del Bidasoa y el respaldo oficioso del Gobierno del país vecino a la compañía adjudicataria serían otros tantos factores favorables a esta adjudicación. El tramo guipuzcoano de la autovía se encuentra en su punto más alejado a sólo 60 kilómetros de la frontera, la mayor parte por vías de circulación rápida, lo que permitiría a directivos y técnicos desplazarse desde su país a diario.La posibilidad de mantener la residencia de los técnicos en suelo francés sería un elemento fuertemente disuasorio frente a ETA. La organización terrorista no se atreverá a intentar un atentado contra ciudadanos de esta nacionalidad en su propio territorio porque desencadenaría "un enfrentamiento definitivo" con el Gobierno y la policía de París, según las hipótesis de trabajo que se barajan.

La adjudicación de las obras a una empresa española está prácticamente descartada por los responsables de la Diputación, tras el asesinato el pasado 4 de marzo del ingeniero José Edmundo Casañ, delegado de Ferrovial en Valencia. Este atentado ha operado como un argumento definitivo para la negativa de las constructoras españolas, al haber dejado clara ETA su disposición a disparar contra personas ajenas por completo al proyecto y residentes a mucha distancia del País Vasco.

La colocación días después de un coche bomba en Madrid junto a las oficinas de Construcciones y Contratas (Conycon) y el secuestro frustrado de Adolfo Sobrino, principal accionista de una de las empresas vascas inicialmente adjud1catarias de las obras, han servido de refuerzo a la evidencia de que ninguna firma española aceptará realizar la autovía. Las adjudicatarias vascas renunciaron en enero a iniciar los trabajos bajo la presión del chantaje terrorista.

Otra vía explorada por la Diputación de Guipúzcoa ha sido la prolongación de las obra desde Navarra a cargo de la mismas constructoras que las ejecutan a buen ritmo en la provincia vecina desde 1989. El pasado domingo quedó abierto al tráfico el primer tramo, de tres kilómetros de longitud, que sirve además de variante para evitar el cruce de la localidad de Lecumberri por la actual carretera.

Cuota de riesgo

Pero las empresas del tramo navarro tampoco desean responsabilizarse de los 13 kilómetros previstos en suelo guipuzcoano al menos en solitario. Arguyen que ya han aceptado su cuota de riesgo y ponen como condición mínima la formación de un consorcio con nuevas constructoras. En esas condiciones estarían dispuestas a estudiar su participación, pero ninguna nueva empresa española desea comprometerse. Las constructoras del tramo navarro son Huarte, Laing y Cubiertas y MZOV.

La Diputación de Guipúzcoa rechazó en enero la propuesta socialista de sancionar a las empresas inicialmente adjudicatarias, que a primeros de año renunciaron a iniciarlas a causa del "pánico generalizado" provocado por las amenazas de la banda armada.

El representante del Partido Socialista de Euskadi (PSE PSOE) propuso en la Mesa de Partidos de la provincia iniciar acciones para impedir a estas sociedades el acceso a otros contratos públicos de la comunidad autónoma.

La mayoría de los partidos políticos de la Mesa se negaron, en un clima de tensión, y argumentaron que no existe poslbilidad legal de adoptar una represalia de ese tipo. Finalmente, el PSE renunció a la propuesta para preservar el consenso y la unidad de los partidos frente a la organización terrorista.

Reticencias socialistas

Los socialistas mantuvieron fuertes reticencias hacia la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas vascas (Utelan), porque creían que se amedrentarían ante el chantaje de ETA, como sucedió.

El compromiso para iniciar la construcción del tramo navarro fue conseguido tras laboriosas y difíciles negociaciones. Representantes del Gobierno central llegaron a poner con toda crudeza sobre la mesa en cierto momento, según admiten fuentes socialistas, la firme decisión de facilitar en el futuro el acceso a otras obras públicas de gran volumen a las empresas dispuestas a trabajar en Navarra, con preferencia sobre las que no aceptaran riesgos.

Los trabajos en el tramo navarro se desarrollan bajo un estricto dispositivo de seguridad dirigido por la Guardia Civil y con participación de agentes armados de empresas privadas. El sistema de protección mantiene un control estricto de la zona e impide el paso a particulares. En Guipúzcoa, las obras han comenzado en pequeña escala con labores previas de desbroce de maleza y apertura de pistas. En esta tarea participan en la zona de Berástegui tres máquinas pesadas y unas 15 personas, protegidas por efectivos de la Ertzairitza (policía autonómica vasca) y vigilantes de una empresa privada.