Almeida dice que Gustavo Durán no es un "pichón", sino un "ave de rapiña"

El juicio contra el intermediario Gustavo Durán por el intento de compra de voto de Miguel Ángel Olmos, diputado autonómico de Izquierda Unida, quedó ayer visto para sentencia tras el enfrentamiento dialéctico entre la acusadora particular, Cristina Almeida, y el defensor de Durán, Javier Ruiz de Paredes. Almeida negó que Durán fuese el "pichón" que dijo ser en la anterior sesión del juicio y le calificó como el "ave de rapiña" que ofreció a Olmos "los 100 millones de calderilla" de las empresas de la construcción. Ruiz de Paredes afirmó que Olmos fue a tantear a Durán pertrechado de un magnetófono para "rentabilizar políticamente los hechos".La representante del ministerio fiscal pidió la pena en su grado mínimo porque "quiero pensar", dijo, "que Durán es la primera y última vez que actúa así".

Almeida describió la situación creada en 1989, cuando la anunciada abstención de Nicolás Piñeiro puso en peligro la moción de censura contra Joaquín Leguina. La abogada aseguró que, tras los intentos de soborno a Piñeiro, "Olmos era el único al que podían enganchar". Este diputado llevaba apenas cuatro meses en la Asamblea debido a lo que Almeida calificó como "impresentable situación" de su propia coalición, IU, cuyo jefe de filas, Ramón Tamames, había pasado al CDS.

Almeida negó que la intención de Olmos al acudir al despacho de Durán con un magnetófono fuese "hacer ningún montaje", sino que acudió "a escuchar lo que se iba a decir".

Almeida explicó que pedía para Durán la pena en su grado máximo, seis meses de prisión y 200 millones (el doble de la dádiva ofrecida), "por la rabia que me da que estas conductas se castiguen tan poquito".

Ruiz de Paredes, defensor de Durán, acusó a Almeida de haber hecho "un alegato político" y negó que la conducta de su defendido esté tipificada penalmente. En su opinión, Durán no cometió un "acto injusto" porque "no es más justo o injusto que la CAM esté gobernada por Leguina o por Ruiz Gallardón".

Desde ese punto de vista, dijo que sería también un delito de cohecho que dos grupos políticos se unieran para excluir a otros y repartirse unos cargos bien remunerados.

El defensor criticó el procedimiento utilizado para grabar la conversación y se preguntó por qué no se había pedido una íntervención judicial del teléfono de Durán para que Olmos pudiera aceptar su oferta y tener así una prueba fehaciente.