Las calificaciones de la asignatura de religión dejarán de tener efectos oficiales

La evaluación de la asignatura de religión dejará de tener efectos en las convocatorias oficiales en las que se exija el expediente académico de los alumnos, de acuerdo con una cláusula recogida en los anteproyectos de los decretos que establecen las enseñanzas mínimas de los planes de estudios de las nuevas enseñanza primaria y secundaria, que ayer recibió el Consejo Escolar del Estado para su preceptivo informe. En adelante, ningún alumno podrá ver condicionado su ingreso en un instituto de BUP o de FP, ni el acceso a la Universidad, ni la concesión de una beca por tener suspendida la asignatura de religión. Los alumnos que no asistan a la clase de religión permanecerán durante esa hora estudiando en sus aulas.

El permanente debate entre la Administración socialista y la Iglesia católica en torno a la regulación de la enseñanza de la religión parece haber quedado zanjado definitivamente por parte del Ministerio de Educación con esta fórmula.Otra cosa es la cuestión de la situación del profesorado de religión (sus deberes y derechos profesionales en relación a los del resto del claustro de cada centro), que previsiblemente seguirá siendo objeto de negociación y diálogo entre la Administración y los representantes del episcopado.

En las más recientes reuniones entre ambas partes (la última se produjo anteayer) se han abordado todos los aspectos, pero el más urgente era el relativo a la regulación de la asignatura de la religión en la nueva estructura del sistema educativo que se configura en la LOGSE, puesto que el Gobierno quiere que los primeros decretos de desarrollo de la ley se publiquen el próximo mes.

Fuentes del Consejo Escolar del Estado, que no conocían aún la redacción exacta de la cláusula relativa a la religión, dijeron que de ella se desprende que, en adelante, las calificaciones que el profesor de religión pueda dar a sus alumnos, a efectos del lógico control permanente de su aprendizaje, no serán tenidas en cuenta para el paso de un nivel educativo a otro ni para la obtención de becas oficiales.

Ante los tribunales

Ello significa que, si la regulación de esta materia se mantiene así en el decreto que en su día apruebe el Gobierno, no podrán repetirse los casos de alumnos que han tenido que llegar a los tribunales para reivindicar su derecho a ingresar en la Universidad a pesar de tener suspendida la asignatura de religión en un determinado curso de su historia escolar.Desde que, en 1979, el Gobierno de la extinguida UCD suscribiera con el Vaticano los acuerdos que regulan las relaciones entre aquél y España, el episcopado ha discutido permanentemente con la Administración sobre la interpretación que cabría dar a lo que dichos acuerdos establecen en el sentido de que la asignatura de religión debe tener carácter fundamental, similar al de las restantes disciplinas.

La Administración educativa de UCD interpretó este aspecto regulando la impartición de la materia en pie de igualdad con una asignatura de ética, que se ofrecía como alternativa a los alumnos que no desearan, por voluntad propia o de sus padres, recibir enseñanza religiosa.

En un primer momento, los obispos se mostraron reacios ante esta fórmula. La transición política apenas había empezado a andar, y temían que la ética se convirtiera, "en manos de profesores de ideología marxista", en una asignatura claramente enfrentada a la de la religión católica.

Con el tiempo, la jerarquía católica se dio cuenta de que, con independencia del contenido que se estuviera dando a la asignatura de ética, la mera existencia de ésta constituía una garantía para el carácter de asignatura fundamental que ellos deseaban para la religión.

Por esta razón protestaron cuando vieron que la Administración socialista comenzaba a cuestionarse la permanencia de la ética como alternativa. El primer síntoma fue su exclusión en los centros experimentales de la reforma. La protesta de la Comisión Episcopal de Enseñanza, en esa ocasión, se zanjó con la aparición de una nueva fórmula, que es la que ahora se recoge en el anteproyecto del decreto. Ésta consiste en el estudio asistido, es decir, la permanencia en las aulas de los alumnos que no asisten a la clase de religión, bajo la vigilancia de su profesor.

En el debate sobre la LOGSE, los obispos y los grupos políticos que apoyan sus posturas protestaron contra el hecho de que la enseñanza religiosa tuviera su tratamiento en una disposición adicional y no en el cuerpo de la ley. De esa circunstancia deducían que el Gobierno estaba conculcando los acuerdos entre el Estado y el Vaticano, porque así se le daba un carácter irrelevante a una enseñanza que el episcopado sigue considerando fundamental, con independencia de su voluntariedad.

Por esta razón, una vez concluido el debate sobre la LOGSE -durante el cual el ministro de Educación, Javier Solana, no cedió un ápice en su postura-, la discusión se trasladó al terreno de la alternativa a la religión, y los obispos volvieron a defender la de la ética.

El estudio asistido resuelve el problema de organización escolar que implica la atención a los alumnos que no quieren recíbir la enseñanza de la religión. La posibilidad de situarla al principio o al. final de la jornada lectiva parece definitivamente descartada.