Siete nuevos recursos de la Administración reabren la 'guerra' entre Hacienda y Vizcaya

Los siete recursos presentados ayer por la Administración central contra la norma de presupuestos generales de la Diputación de Vizcaya para 1991, que incluyen la actualización de balances en ese territorio foral, han reabierto la guerra entre Hacienda y esta diputación foral. Esta nueva ruptura aparece a sólo una semana de la fecha que se dieron ambas administraciones para fijar las características del activo transitorio que sustituirá a los pagarés del Tesoro, y sobre el que girará una parte de la regularización fiscal.

El diputado foral de Vizcaya, José Alberto Pradera, aseguró ayer que los siete recursos presentados por el Ministerio de Economía y Hacienda son "un intento de recortar las capacidades tributarlas de la Hacienda vizcaína", recogidas en el Concierto Económico y en el estatuto de autonomía. Pradera ha amenazado con no acudir a la próxima reunión de la Comisión Mixta del Cupo, que se celebrará el próximo día 14, y ha pedido a las otras dos haciendas forales que sigan su ejemplo.Fuentes de Hacienda, por su parte, han respondido que los recursos obedecen a que la Diputación de Vizcaya se ha extralimitado al interpretar las competencias que le atribuye el Concierto Económico. El mejor ejemplo de esta "vulneración del concierto" lo ofrece, según las mismas fuentes, la norma foral de actualización de balances.

La guerra suscitada a raíz de la aprobación de una normativa para la actualización de balances de las empresas vascas pasó ayer una nueva página con los recursos presentados por los abogados del Estado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

José Alberto Pradera. advirtió que "esta estrategia de tensión puede traer consecuencias políticas de difícil rriarcha atrás". Según el diputado general, está en juego el reconocimiento por parte del Estado de las competencias tributarlas recogidas en el Concierto Económico y en el estatuto de autonomía.

Aparente proximidad

Con estos recursos se rompe la sensación de aproximación que se suscitó en la última reunión de la Comisión Mixta del Cupo, celebrada en Madrid el 27 de febrero. En aquel encuentro se percibió una atmósfera de acuerdo en las medidas a tomar para la regularización del dinero negro, pero no hubo avances en el contencioso de la actualización. Desde el lado vasco se exigía la retirada de la suspensión cautelar solicitada por los abogados del Estado de la norma de actualización de balances. Por parte de la Administración central se pedía el consenso para la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La aproximación fracasó.No hubo ningún avance porque, a juicio de Pradera, no había voluntad por una de las partes. El mismo día 26, Julio Viñuela redactaba la carta para la presentación de los siete recursos, dándole salida el 27, según consta en la documentación aportada por la Diputación de Vizcaya a los medios de comunicación.

Los otros seis recursos contra la norma de presupuestos para 1991 hacen referencia a la deducción del ama de casa, a la tributación de las instituciones de inversión colectiva, al pago a cuenta del impuesto de socledades, así como a la señalización de tipos especiales de interés y recargos en las deudas aplazadas, a la regularización del valor de existencias con pago fraccionado de la cuota y, finalmente, a la posibilidad de emitir letras forales sin retención en origen.

Competencias

"Es increíble que recurran temas en los que tenemos competencia exclusiva, como es el caso del impuesto de sociedades", manifestó Pradera, quien calificó el conflicto desatado con los recursos de "político, con tintes de gravedad inusitados".La retirada de las negociaciones profundizaría aún más el abismo abierto con la normativa sobre la actualización de balances. Si las tres diputaciones forales vascas se niegan asistir a la reunión del Cupo que se celebrará el 14 de este mes se podrían producir duplicidades entre los sistemas propuestos por la Hacienda central para la regularización del dinero negro y los que decidan en su caso las haciendas de las tres diputaclones forales del País Vasco.