El sistema y la realidad

Considera el articulista que cuando parecía que Andalucía se encaminaba hacia cotas de bienestar, y cuando el campo andaluz aparentaba tranquilidad, surgen una serie de acontecimientos que ponen de relieve los problemas irresueltos.

"El fraude del PER", "las peonás falsas", "la corrupción de algunos que explican ciertos silencios", "el voto cautivo"... son, entre otras, frases que se oyen a un lado y otro de Despeñaperros. Allí, además, con el añadido de vagancia, picaresca y otras cosas que, también una vez más, establecen generalizaciones y algunas apreciaciones erróneas.Hay que empezar distinguiendo el subsidio agrario del Plan de Empleo Rural (PER); El primero es una ayuda económica a los parados de un colectivo, y es una medida equivalente a otros sectores. Esto es, se trata de 1.480 pesetas al día por un tiempo máximo de nueve meses cuando se acrediten 60 jornadas de trabajo en el campo. Por tanto, es un derecho de los trabajadores y su instauración supuso la no discriminación de los jornaleros respecto a otros asalariados.

Ante la situación de paro, que exige esas subvenciones para malvivir, la solución, evidente aunque no fácil, es la creación de empleo estable. Y aquí hay que recordar que Andalucía en general, y su campo en particular, padecen situaciones crónicas que no generan puestos de trabajo y que originan pérdidas de beneficios. Parece que no está de moda hablar de la dependencia, pero ahí radica una parte del mal; la mayoría de los recursos (incluídos los agrarios) se elaboran fuera, y las redes de comercialización no están en manos de andaluces, con lo que perdemos dos importantes ramas de generación de empleo. La otra, la producción, está dentro (no puede ser de otra forma), pero la desigual distribución de la propiedad no reparte adecuadamente los beneficios.

Es indudable que el disponer de autonomía ha beneficiado algo la situación económica, aunque no se está obteniendo todo lo que podría dar de sí nuestro estatuto, pero es necesario tomar medidas que creen puestos de trabajo. Mientras tanto, es menester mantener el subsidio agrario, pero podando algunas deficiencias y corrupciones.

En primer lugar, si se demuestra que en determinadas comarcas no es posible conseguir (porque el campo no las proporcione) un cierto número de peonadas para obtener el subsidio, antes de ser cómplices de fraudes obligados para los que necesitan esa ayuda mejor será adaptar el sistema a la realidad.

Peores convenios

En segundo lugar, habría que evitar que el sistema repercutiese en un mayor poder de la patronal, porque, al depender de ella el jornalero para las firmas, prescinde a veces de derechos. En este contexto pueden insertarse las huelgas de olivareros, ya que, ligados a la supeditación mencionada, los convenios del campo son últimamente peores en el sector agrario que en otros, lo que, unido a la progresiva mecanización de las faenas olivareras, explican los últimos acontecimientos.

En tercer lugar, y siguiendo con lo del subsidio, hacer lo necesario para que no puedan darse las firmas mutuas entre, propietarios, que subsidien a personas que nunca hayan trabajado en el campo (no parece real que en los últimos 12 años haya habido un aumento de unos 150.000 jornaleros en Andalucía).

La creación de agroindustrias y el control de los canales de comercialización podrían dar empleo a esas y otras personas y permitiría que algunos trabajadores procedentes de otros sectores y refugiados (casi siempre por necesidad) en el desempleo agrario encontrasen trabajo. En todo caso, con salarios muy superiores a las 1.000 pesetas diarias, a veces fruto de la indignidad. Y en conjunto, el aumento de la renta en nuestra comunidad repercutiría en todos los sectores.

Y ahora dediquemos la atención al PER, o Plan de Empleo Rural. Se trata de unas inversiones, realizadas fundamentalmente por los Ayuntamientos, que persiguen, en principio, mejorar el mundo rural, especialmente en las infraestructuras, y posibilitar el empleo. Dos cosas que precisan comentarios.

Primero, gran parte de esas inversiones ha cumplido su cometido y muchos pueblos andaluces han mejorado notablemente (pavimentación de calles, alcantarillados, aguas potables, instalaciones deportivas...), pero se hace necesario, además de controlar lo que puede desembocar en desvío de dinero, emplear ahora ya en otras obras que generen puestos de trabajo directa e indirectamente. Es decir, repoblaciones y actuaciones forestales, infraestructuras industriales, admisión de proyectos de colectivos o cooperativas que desarrollen pequeñas y medianas empresas, etcétera. Y, sobre todo, liberar a los alcaldes de la función de patronos para evitar la confusión entre lo que es un sistema con un partido o una persona.

A este respecto, no se puede dudar de que el partido mayoritario se ve beneficiado electoralmente, pues, junto a otros estudios existentes, puedo aportar hoy lo siguiente: en 1982, el porcentaje de voto al PSOE era mayor en los municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que en 1990, justamente al revés, con una ganancia de nueve puntos.

La segunda cara del PER es que sus jornadas sirven para completar las el número necesario de peonás a fin de obtener el subsidio. Entonces puede plantearse qué ocurre si hay discordancia entre los presupuestos del PER y la demanda. Descontadas las situaciones de los que figuren como trabajadores rurales sin serlo, y mientras no se, cree trabajo estable, qué es preferible, ¿dejar abandonados a, los realmente necesitados o colaborar para que cobren el subsidio?

Aumentar las inversiones

Lo mejor sería aumentar las inversiones de empleo rural, pero enlazándolo con la creación de trabajo estable de la forma apuntada antes, a fin de conseguir la solución al plazo corto y medio. Para ello, sería imprescindible que la gestión del PER se transfiriese a la comunidad autónoma para que hubiese una adecuación entre los planes de desarrollo y otras medidas (agrarias, forestales, etcétera) y esa nueva orientación del Plan de Empleo Rural.

Con estas propuestas quizás se consiga: 1. Un mejor uso de las inversiones públicas. 2. El desarrollo del campo andaluz. 3. Evitar lo que pudiera desembocar en el conformismo, pues, aunque haya familias que reciban más de un subsidio, la mayoría sólo se corresponde con el cabeza y, en cualquier caso, multiplíquese 2, 3, o hasta 4 si se quiere, por unas 30.000 pesetas durante un máximo de nueve meses y obtenemos en el mejor de los casos unas entradas inferiores a 100.000 pesetas mensuales. Otra cosa sería el cálculo de asignaciones a quienes tienen sustanciosos ingresos. 4. Superar las tentaciones de corrupción y de malvivir subsidiados con el mantenimiento (o recuperación en algunos casos) de la dignidad. 5. De igual forma, de la identidad, porque ¿qué es un trabajador sin trabajo?

Y para terminar, transcribo un texto escrito como resumen de un artículo mío en marzo de 1982, cuando iba a cambiarse el sistema del Empleo Comunitario por el actual, porque revela hasta qué punto estamos en el mismo sitio: "En estos momentos en que se trata la sustitución del Empleo Comunitario por algo que parece mantener la misma filosofía, es necesario reflexionar sobre algunos temas. Andalucía tiene unas estructuras socioeconómicas indicadoras de subdesarrollo y dependencia... El paro en general, y el agrario en particular, son una manifestación, y muy grave, de esta situación crónica y en gran parte estructural. Medidas de tipo coyuntural son necesarias, pero sin perder de vista cuáles son las verdaderas causas y, por tanto, qué soluciones a medio y largo plazo conviene arbitrar.

Habría que situar, por tanto, el análisis en otros aspectos: uno, soluciones a los problemas de fondo; dos, medidas inmediatas que aseguren la supervivencia, y tres, que estas últimas se contemplen en las primeras. Esto es, las medidas inmediatas no tienen por qué ser algo separado de las soluciones de fondo, sino que deben ser avances y partes de aquéllas. Hasta ahora no ha sido así por la sencilla razón de la inexistencia de las primeras y por eso las segundas (el Empleo Comunitario y probablemente cualquier sustitución que no considere el fondo del asunto) no conducen a nada. O, mejor dicho, a tres funestas consecuencias: económicas, sociales y éticas".

es dirigente de la Asociación Ecologista Pacifista Gaditana.